El fondo de la controversia es la pugna de los derechos indígenas tutelados y no el derecho agrario.
Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales (CBC) de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción, recibieron entre diciembre de 2009 y marzo de 2015, 100 millones de pesos por parte de las autoridades mexiquenses.
Dicho Comisariado funge como representante de los 882 comuneros de ambos poblados y ha percibido dicho ingreso por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.
De acuerdo con La Jornada, los recursos fueron proporcionados por la constructora Autovan que es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
Autovan obtuvo la concesión en 2007 para construir la autopista Toluca-Naucalpan a la que se opone una minoría de 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.
Los inconformes con la construcción argumentan que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense y que sus integrantes no informaron a la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que afectadas, así como la violación a los derechos humanos de los 15 mil otomíes que habitan en las comunidades.
En junio de 2014 se realizó una asamblea comunal donde se autorizó la construcción de la autopista con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.
Los abogados de la constructora intentan demostrar al Poder Judicial Federal el cumplimiento de las normas del derechos agrario con copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el Comisariado aceptó dinero en representación de los 882 comuneros.
Los documentos se presentaron ante el juzgado quinto de distrito del Estado de México, entre los que destacan cinco convenios que avalan el pago de 56 millones de pesos firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera.
Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense detallan que el dinero ha sido otorgado por la constructora de buena fe a petición de los comuneros a favor de la autopista, quienes solicitan dinero para calmar las inconformidades de los opositores.
José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.
Aunque afirma que el fondo de la controversia son los derechos indígenas tutelados por el artículos 2 de la Constitución y no, los temas de derecho agrario.
