El intento de las autoridades mexicanas para contener a miles de migrantes en la frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha logrado impedir que muchos vayan en masa al confín norte con Estados Unidos.

Desesperados por trabajar, huyendo de la pobreza o la violencia de sus naciones, centroamericanos, haitianos y sudamericanos siguen atrapados en el limbo en la sureña ciudad Tapachula, estado Chiapas, donde han protagonizado protestas y repetidos intentos por emprender caravanas de migrantes.

Este mes, varios pasaron por alto a funcionarios mexicanos para unirse a los más de 10,000 migrantes que cruzaron a Del Río, Texas, para formar un nuevo campamento bajo un puente fronterizo, reavivando la preocupación de Washington por un gran aumento en la inmigración indocumentada este año.

Un número récord de migrantes ha pasado por México en 2021, impulsados ​​por las recesiones económicas -muchas atizadas por la pandemia de COVID-19- y esperanzados por políticas de inmigración más laxas del presidente estadounidense, Joe Biden.

Pero también miles siguen en la fronteriza Tapachula, viviendo en condiciones miserables o hacinados en pequeñas habitaciones sucias que comparten hasta cuatro familias, incluso con sus hijos pequeños.

Cada día crece su desesperación porque el dinero con que llegaron, o que les envía su familia, se acaba mientras en esa ciudad esperan documentos migratorios que les permitan continuar su viaje al norte de México.

“Esto es una cárcel”, se quejó Jairo González, un constructor nicaragüense, en Tapachula. “No hay nada que pueda hacer si no tiene dinero para alimentarse”.

El hombre de 36 años dijo que lo habían tratado como un “criminal” desde que llegó a Ciudad de México en un autobús hace más de un mes, con la esperanza de encontrar un trabajo en Estados Unidos o México para mantener a su familia.

Cuando fue detenido, funcionarios le dijeron que al no tener documentos para quedarse en México lo trasladarían al sur del país, relató. Añadió que solicitó en ese momento ser retornado a su hogar, pero las autoridades le hicieron saber que por ahora México no estaba deportando gente a su país.

Cuando llegó a Tapachula, González narró que intentó pedir refugio en México a través de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) pero se encontró con oficinas cerradas y saturadas. El único trámite en su poder es el que realizó vía electrónica en el portal de la institución, del cual no ha recibido respuesta.

CAÓTICO

El Instituto Nacional de Migración (INM) se negó a comentar sobre las denuncias de que los migrantes que esperaban documentos estaban retenidos en Tapachula sin la opción de deportación. La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió a las solicitudes de comentarios.

La organización Human Rights Watch visitó el área en agosto e informó que, aunque a los migrantes que buscaban refugio se les permitía técnicamente viajar a cualquier lugar de Chiapas, hasta que se resolvieran sus casos, en los puestos de control de inmigración les impedían salir de Tapachula.

A principios de mes, funcionarios de seguridad mexicanos fueron captados en video golpeando a migrantes que intentaban salir de Tapachula, lo que generó críticas de las oficinas de derechos humanos y refugiados de las Naciones Unidas, e incluso del propio López Obrador.

Dos oficiales de inmigración fueron suspendidos por la respuesta de mano dura.

En una visita a Tapachula, Reuters observó cómo en algunas brechas apartadas que conectan con la frontera de Guatemala, familias enteras eran subidas a autos militares para ser trasladados a autobuses del INM, lo cual de acuerdo a organismos internacionales podría poner en riesgo la garantía de derechos humanos de las personas migrantes.

Washington ha presionado a México para que mantenga a raya a los migrantes dado que el número de detenciones en la frontera de personas que quieren ingresar a Estados Unidos de forma indocumentada ha llegado a máximos este año. México, por su parte, ha dicho que la contención tiene como objetivo hacer cumplir sus propias leyes y proteger derechos de migrantes.

Funcionarios mexicanos argumentan que gran parte del caos se debe al desmantelamiento de las protecciones de asilo implementadas bajo el mandato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y durante la pandemia de coronavirus.

Las medidas de emergencia en torno al COVID-19 han llevado a expulsiones sumarias de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos hacia México, lo que a su vez los alentó a intentar repetir los cruces, afirman.

Y las promesas de Biden de fortalecer las protecciones para las comunidades de migrantes en Estados Unidos y de mejorar la cantidad de solicitantes de asilo por razones humanitarias dieron más incentivos para que las personas probaran suerte, argumentan.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Estado se negó a comentar.

Para desalentar la migración, Estados Unidos ha comenzado a enviar vuelos de migrantes detenidos al sur de México, incluido Tapachula. Y el propio México ha estado trasladando a migrantes detenidos en avión desde el norte del país hacia el sur.

Al absorber estas expulsiones, Chiapas ahora alberga a decenas de miles de migrantes. Hasta 40,000 estuvieron en Tapachula en septiembre, y el descontento entre la población residente está aumentando, dijo un funcionario mexicano.

“Este caos será el fin de Tapachula”, dijo Alejandro Díaz, un comerciante local. “Muchos (migrantes) no usan mascarillas y nos preocupamos por nuestra salud. Ya no se puede conducir aquí e incluso usan las aceras todo el día”.

CRISIS

Muchos de los migrantes en la calurosa y lluviosa ciudad de alrededor de 350,000 habitantes duermen en la calle. Otros, rentan en grupos pero están hacinados.

Para superar los obstáculos, varias caravanas partieron de Tapachula en las últimas semanas pero las fuerzas de seguridad las han bloqueado o disuelto rápidamente, en ocasiones usando métodos de mano dura que incluso el Gobierno ha criticado.

López Obrador dice que quiere que los migrantes permanezcan en el sur de México, argumentando que quienes van al norte corren el riesgo de caer en organizaciones criminales que los extorsionan y asesinan, o buscan reclutarlos a sus filas.

El gobernante ha pedido a Estados Unidos que facilite a los trabajadores temporales de Centroamérica trabajos al norte de la frontera. Todavía no ha surgido nada concreto.

Miles de personas de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela han salido de sus países huyendo de situaciones que van desde los coletazos de la pandemia, así como de desastres naturales, crisis políticas y económicas e inseguridad.

Muchos de los migrantes que esperan en Tapachula dicen que han intentado buscar refugio o el derecho a transitar por México, pero solo encuentran parálisis con sus solicitudes.

“No merecemos vivir así”, dijo Lutherson Derisma, un haitiano de 35 años, quien ha estado en Tapachula durante dos meses. “No vinimos a hacer el mal, quiero que mi familia tenga un futuro, pero no nos ayudan aquí”.

Él mostró un mensaje en su teléfono de la Comar informando que todas las citas en su oficina local serían reprogramadas debido al volumen de solicitudes, errores y fraude.

Comar espera un récord de más de 100,000 solicitudes de refugiados este año frente al tope anterior de 70,000 en 2019. Una portavoz dijo que los retrasos se debieron a que la alta demanda había sobrepasado la capacidad y a fallas en el sistema.

“Es muy difícil que ellos aguanten esta condición, especialmente cuando viajan con sus hijos”, dijo Aki Kuromiya, una experta del grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos de ECOSUR. “Más países tienen que abrirse a apoyar a estos grupos de migrantes, hay una verdadera crisis”.