Mientras el gobierno de estado de México no subsidie al servicio público de pasajeros que brinda la atención a los habitantes de la entidad más poblada del país, los concesionarios no podrán renovar sus unidades y por lo tanto los más afectados serán los usuarios que ponen en riesgo sus vidas al utilizar unidades viejas, caras e inseguras; incluso ni con el aumento a la tarifas podrán renovar el parque vehicular en su totalidad.

La Secretaria de Movilidad (SEMOVI) realiza operativos para retirar unidades carentes de documentación o con la concesión no renovada o cancelada.
El gobierno estatal desde el año pasado comenzó la regularización de títulos de concesión de 41 mil unidades de transporte público, principalmente taxis, y con el apoyo de la Legislatura local para crear un nuevo marco legal con el fin de reducir 75 por ciento el costo del trámite, al pasar de 21 mil a 4 mil 836 pesos, sin embargo el costo sigue siendo elevado para los dueños y por ende no regularizan su situación, por lo cual muchos dueños de unidades deciden trabajar fuera de la ley.

Desde el año pasado se llevan a cabo entre la SEMOVI y autoridades correspondientes el plan de regularización de unidades denominado «Acuerdo de Transferencia», situación que no ha logrado permitir un ordenamiento en los títulos de concesión, de mayo a diciembre, y que al momento se tiene un registro de 168 mil concesiones, de ellas 69 mil 137 unidades, no están en manos de los titulares. Mientras que, 98 mil 86, están en poder de los concesionarios oficiales.

Una iniciativa contempla siete supuestos legales para la transferencia de concesiones: el cambio de propietarios de título de concesión, integrar a beneficiarios no designados en el título de concesión que tienen derechos reconocidos, para quienes adquirieron la concesión mediante contrato de compra-venta, para aquellos que adquirieron la concesión con un documento privado, ratificado ante fedatario público; para concesiones ratificadas ante las delegaciones de Semovi, personas físicas que aportaron sus concesiones a empresas y otros que se fusionaron con otras empresas.

Con este acuerdo, el Registro del Transporte Público estatal podrá otorgar prórrogas y sustitución de vehículos para aquellos que no eran los titulares de las concesiones, y que estaban limitados a realizar estas gestiones. Es decir, con “pocas facilidades que les daba la normatividad, cayeron en la irregularidad; eso es justamente lo que se busca cambiar”, todo se hace en beneficio de los concesionarios para regularizar su situación, pero pocos concesionarios tratan de arreglar su situación.

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con los municipios locales, realizan trabajos coordinados de control, prevención y combate de la inseguridad en el transporte público de pasajeros, situación que no ha logrado disminuir la violencia que se registra a bordo de las unidades del transporte público de pasajeros que brindan el servicio en el territorio estatal.

El gobierno estatal se ha convertido en el enemigo de los concesionarios al no otorgar más facilidades para la regularización del transporte público, a su vez permite que otras 30 mil unidades circulen sin una concesión convirtiéndose en unidades «pirata» que laboran cuando no hay inspectores, no hay renovación de unidades sólo les están cambiando la cromática, reparándolas y en muy mal estado, sin un seguro de vida todo para lograr obtener la famosa pirámide tarifaría que les autoriza el incremento en el costo del pasaje, es decir todo esta avalado por el gobierno estatal de Alfredo del Mazo Maza.