El 8 de julio de 2018, Nancy Saavedra Rebollo fue víctima de tortura y malos tratos por parte de elementos del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) luego de negarse a pagarles una extorsión para no ser acusada de robo.

Tras sufrir una agresión en la Central de Abastos de Ecatepec por parte de dos mujeres, quienes actuando en presunta complicidad, la acusaban del robo de una cartera, arribaron guardias de vigilancia que la trasladaron a un módulo de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM).

Dentro del módulo, Nancy fue despojada de sus prendas y, ante su negativa de haber robado la cartera, comenzaron a infringirle castigos físicos y toques eléctricos con el fin de que confesara. Finalmente, para evitar que continuara la tortura, cedió y pagó la cantidad que le fue requerida de $2,000.00, suma que fue entregada por su familia con quien se comunicó para tal fin. Después de ello y por orden del comandante de la CUSAEM fue liberada, no sin antes ser advertida de que en caso de denunciarlos sufriría represalias.

Ese mismo día, Nancy presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Ecatepec, la cual no brinda atenciones médicas y psicológicas de urgencia, sin embargo emitió un informe médico que certificó lo siguiente:

“ESTADO PSICOFÍSICO NORMAL. LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA, TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS, NO CICATRIZ EN CARA”, no obstante las graves lesiones que presentaba.

Ante la falta de aplicación de la valoración médica y psicológica de personas víctimas de tortura o algún mal trato (Protocolo de Estambul), se practicó una evaluación independiente que fue presentada ante el Ministerio Público, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre su admisión, dejando en la incertidumbre la investigación.

En este sentido, el médico Sergio Rivera Cruz, que cuenta con amplia experiencia en la dictaminación y peritaje de víctimas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, después de una exploración científica a la víctima y con apego a los más altos estándares establecidos por la ciencia, determinó que ésta fue víctima de tortura, y elaboró un peritaje que fue entregado en conjunto con una perito psicológa prueba pericial que la Fiscalía del Estado se niega a reconocer.

La Fiscalía ha amenazado a Nancy con una multa si no se practica nuevamente los dictámenes por parte de peritos de dicha corporación, situación revictimizante por la zozobra que implica el mandamiento de autoridad, lo cual reviviría el impacto emocional de la tortura, diligencia que es completamente innecesaria.

La presión de las autoridades ministeriales obligó a sus representantes a presentar un recurso de amparo en contra de las autoridades del Ministerio Público encargadas de la investigación, mismo que por resolución de 8 de febrero de 2019, resolvió conceder la suspensión definitiva a favor de Nancy Saavedra ordenando se deje sin efecto el cobro de la sanción económica por negarse a realizarse el Protocolo de Estambul por parte de peritos de la Fiscalía.

El caso de Nancy será presentado por IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., dentro del informe para la evaluación del Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en abril de 2019.