A un año de declararse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas las acciones omisas, dilaciones y el desdén por cumplir con el mecanismo es la actuación ha caracterizado al gobierno estatal, denunció la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”.
En un comunicado emitido a propósito del aniversario, la agrupación civil informó que desde el 18 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la AVG en siete municipios de Chiapas, a lo que va del año, documentó 46 casos de feminicidio y 119 homicidios de mujeres, algunos de estos cumplían con las razones de género para ser investigados como un feminicidio, señalaron.
En comparación, los datos oficiales son menores: la Fiscalía General de Justicia de Chiapas sólo reportó hasta octubre de este año 27 casos de feminicidio y 35 homicidios de mujeres, reportó la Campaña.
Durante este año la organización observó que la Fiscalía es la principal instancia que no cumplió con los acuerdos derivados de la AVG, pues siguen sin erradicar las negligencias en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, no aplican los protocolos de protección para las víctimas sobrevivientes de violencia y tampoco existe una articulación institucional que permita garantizarles una atención integral.
Parte de los nulos resultados obtenidos tras un año de vigencia de la AVG es por la falta de interés del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, denunciaron las integrantes de la Campaña; ejemplo de ello es que en este tiempo no se logró ninguna reunión del gobernador con los alcaldes de los municipios en los que se activó la Alerta para conocer el plan de seguimiento.
“Incluso algunos alcaldes hicieron llamados al gobierno estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo para atender los alarmantes índices de violencia”, precisó la organización.
Por el contrario la agrupación civil señaló que la AVG fue utilizada por Manuel Velasco “para promocionarse y simular la atención a la pobreza y las injusticias contras las mujeres con fines electorales”, incluso utilizó los recursos económicos destinados a la AVG, dijeron.
Asimismo indicaron que la Segob dejó en el olvido la AVG en Chiapas, pues no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como le correspondía.
La simulación de las autoridades de Chiapas orilló a la organización civil a anunciar el mes pasado su retiro en la participación de las mesas de trabajo para atender las acciones de la Alerta, de las cuales acudieron puntualmente a cuatro durante el año.
LA VIOLENCIA EN CHIAPAS
En específico la Campaña Popular expresó su preocupación por el acceso a la justicia y a la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, el reflejo de este problema es que Chiapas es una de las entidades con los mayores índices de violencia sexual infantil, embarazo infantil y adolescente, subrayaron.
También recordaron las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera sur del estado, quienes se ven expuestas a ser víctimas trata de personas o ataques de violencia sexual.
Todo un contexto de violencia por el cual es necesario la eficacia en la aplicación de la AVG indicó la organización, e hizo un urgente llamado a las autoridades del estado por darle cumplimiento.
LA LUCHA POR LA ALERTA
La solicitud de Alerta para Chiapas la hizo el 25 de noviembre de 2013 la asociación civil Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –quien entonces votaba su procedencia- se opuso a su declaratoria.
Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas: Brigada Feminista por la Autonomía; el Centro de Atención a la violencia intrafamiliar y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; tuvieron que ampararse ante esta decisión. Como resultado, un año después se creó el Grupo de Trabajo para valorar la declaratoria de Alerta y determinó en un informe que existía una violencia sistemática contras las chiapanecas.
Así, después de tres años de proceso, Segob declaró la AVG en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; y aunque no los incluyo en la declaratoria a los municipios de los Altos de Chiapas. dio recomendaciones específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas en este lugar.
