Empresarios y vecinos del municipio de Tultitlán han manifestado una creciente inquietud por una presunta red de extorsión que, según reportes de El Heraldo de México, operaría directamente desde el Ayuntamiento.
De acuerdo con la columnista Laura Puente, múltiples testimonios sugieren que funcionarios municipales estarían cerrando negocios de manera arbitraria bajo el pretexto de revisiones administrativas.
Posteriormente, ofrecerían “acuerdos” informales que implicarían pagos en efectivo. Un testimonio legal citado describe reuniones fuera de las instalaciones oficiales con Erick Isachar Vega Chavarría, Coordinador General de la Oficina de Presidencia. Se alega que Vega Chavarría plantearía estos tratos con el supuesto aval de la alcaldesa Ana María Castro Fernández, militante de Morena.
La columnista resalta que, a pesar de que Tultitlán está incluido en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2015 y figura entre los 50 municipios prioritarios en seguridad para la administración de la gobernadora Delfina Gómez, la demarcación no ha sido objeto de operativos recientes como la “Operación Liberación”, implementada en julio en otras localidades mexiquenses.
Asimismo, se menciona que el problema podría agravarse por la existencia de vínculos familiares dentro del gobierno municipal.
Se señala que al menos tres parientes de la presidenta municipal ocuparían cargos, entre ellos su cuñada, la expresidenta Elena García Martínez, y su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, actual secretario del Ayuntamiento.
Aunque el caso ya habría sido expuesto a los gabinetes de seguridad estatales y federales, hasta el momento no se ha anunciado ninguna intervención oficial al respecto.
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