El rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez  y más de una docena de funcionarios de esa institución no acataron el cumplimiento a la suspensión de amparo que el Juez Décimo de Distrito otorgó a alumnos de la facultad de derecho del edificio central, por lo que además de atentar contra la educación de estos estudiantes se harán acreedores a una sanción penal, sostuvo el catedrático Israel Ochoa Lara.

Acompañado de quien ellos reconocen como director de esa facultad del Edificio Central, Miguel Ángel Vázquez Hernández y la plantilla educativa, sostuvo que con el amparo otorgado a los alumnos se reconoce el respeto a sus calificaciones que les fueron otorgadas, por lo que de ser aprobatorias deberá permitirles cursar el siguiente periodo. Es decir, se deberá aceptar la reinscripción de los alumnos a fin de que su derecho a la educación no se vea afectado.

El pasado 19 de mayo venció el plazo para que el rector de la UABJO y demás funcionarios involucrados acataran la resolución federal y al no hacerlo se hacen acreedores a una multa de cincuenta a quinientos salarios mínimos y a una pena de tres a nueve años de prisión o una inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar algún otro cargo   ante el desacato del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 7/2017 mesa V-A en el que se decretó la suspensión provisional a favor de estudiantes y profesores de la facultad de Derecho de Avenida Independencia.

Toda esta situación deriva del conflicto postelectoral en la facultad de derecho del edificio central, que desencadenó una serie de acontecimientos violentos en los que el inmueble y su histórica puerta ubicada en la calle de Macedonio Alcalá fueron incendiados.

Por su parte, el abogado de los alumnos y catedráticos, Daniel Cervantes Carrasco, acusó que ante la problemática de esta facultad el rector ha sido omiso, ya que solo obedece los intereses de la familia real, encabezada por Abraham Martínez Alavés, quien se dice dueño de la máxima casa de estudios.

Manifestó que poseen información precisa que el rector tiene en su cuenta personal  50 millones de pesos, y argumenta que ya no cuenta con dinero para el pago de la nómina.

Ante esta problemática, demandó a la Secretaría General de Gobierno su intervención para  que se retomen las mesas de diálogo que permitan llegar a acuerdos.

La Procuraduría General de la República deberá dar cumplimiento al mandato judicial en contra de los funcionarios universitarios que no acataron la suspensión de amparo.