Desorganización, caos en las labores de rescate de personas y cuerpos y la falta de un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron el Ejército, Marina, Policía Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, observó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los primeros días de la emergencia en la capital por el sismo del 19 de septiembre pasado.
Además, asentó el organismo en diversas actas circunstanciadas levantadas durante la crisis, no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia y hubo constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y de la capital, así como falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares afectados.
En un comunicado, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que inició las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por las 127 quejas recibidas, para lo cual ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales.
Explicó que de esas quejas 119 ya están debidamente calificadas y ocho aún pendientes.
El organismo precisó que de las quejas calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, relacionadas con prestación de servicios públicos.
Destacó que hay cinco contra la presidenta del DIF de Morelos, Elena Cepeda, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque dicha ayuda se coloca en bolsas de la mencionada institución.
Reveló que en Chiapas se visitaron los municipios de Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá donde no se recibieron escritos de queja, pero se elaboraron 10 actas circunstanciadas de las cuales se desprende que en Pijijiapan únicamente hay 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizan remoción de escombros y apoyan el reparto de despensas a personas damnificadas, y en la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 personas damnificadas.
“En Tonalá se constató que el 70 por ciento de la comunidad Paredón está afectado, mientras que en Arriaga resultaron afectadas 4 mil 800 viviendas, de las cuales el 30 por ciento es pérdida total y hay 15 mil personas damnificadas”, subrayó el Ombudsman en un comunicado.
A su vez, González Pérez reveló que el Estado de México se visitaron los municipios de Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Ocuilan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán, donde sobresale el apoyo solicitado en la comunidad Reforma Agraria.
Los lugares visitados en Morelos, añadió, fueron Cuernavaca, Hueyapan, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Jumiltepec, Miacatlán, Ocuitulco, San Bartolo, Temixco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan del Amilpas, en donde se recibieron dos quejas en las cuales se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del Gobierno de la entidad, y contra el Gobierno federal por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción.
