El Juzgado 13 de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión contra la ex directora general adjunta de la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Esta resolución se dio desde el 22 de diciembre pasado contra la exfuncionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), así como contra un agente del Ministerio Publico subalterno de la imputada y un elemento de la Policía Federal Ministerial.
La PGR informó que la Visitaduría General, órgano responsable de combatir la corrupción al interior del Ministerio Público de la Federación, obtuvo el auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la extorsión de un ciudadano a quien detuvieron con una orden de presentación y una averiguación previa inexistentes.
En un comunicado, destacó que también se persigue a otros tres policías federales ministeriales que integraban la célula que trabajaba para dicha Unidad, contra quienes también fue librada una orden de aprehensión y hasta el momento están en calidad de evadidos.
Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2015, cuando un empresario fue abordado afuera de su oficina, ubicada en la Colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR.
Estas personas le indicaron que tenían una orden para presentarlo a declarar ante la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), debido a que había una averiguación previa en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las múltiples pruebas que recabó la Visitaduría General para ejercitar la acción penal, durante el trasladado los policías le pidieron al empresario 500 mil pesos para “desaparecer” el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra.
Posteriormente, en las instalaciones de la Seido, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular por la titular de una de las fiscalías de la Unidad Antilavado, quien condujo al ciudadano a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal.
Por indicaciones de su “jefa”, el agente del Ministerio Público levantó una supuesta comparecencia del empresario, quien se habría “reservado” su derecho a declarar para que después le permitieran salir en libertad. Sin embargo, esto solo fue el modo a través del cual los entonces funcionarios lograron amenazarlo para extorsionarlo.
En la investigación realizada por la Visitaduría General se comprobó la inexistencia de la averiguación previa en contra del ciudadano, así como la ausencia de mandamiento alguno para que la Policía Federal Ministerial procediera a localizarlo y presentarlo ante la Seido.
Según la denuncia del empresario extorsionado, el “comandante” le dijo que tenía que pagar dos millones de pesos porque “así lo exigió la licenciada”, pero quedó de entregar un millón de pesos.
Ese mismo día, siguiendo las indicaciones que le dieron vía telefónica, entregó 600 mil pesos y después recibió diversos mensajes SMS para que diera el resto del dinero exigido, ante lo cual decidió acudir al órgano anticorrupción a presentar la denuncia.
En su investigación, la Visitaduría General logró identificar a los cuatro integrantes de la célula policial, a la titular de la fiscalía y a su agente del Ministerio Publico que simularon la orden de localización y presentación, así como la constancia de comparecencia.
De esta forma, se procedió penalmente contra ellos el 14 de diciembre del año pasado, con lo que al día siguiente se obtuvo la orden de aprehensión en contra de los seis implicados.
La PGR señaló que en el periodo de abril a diciembre del 2015, la Visitaduría General obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 125 personas y 110 autos de formal prisión.
