La Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) en el Estado de México –implementada desde el 31 de Julio de 2015- registra un escenario desolador, en donde gran parte de las medidas y acciones propuestas por el mecanismo de Alerta, están lejos de poder empezar a llevarse a cabo, revela un dictamen ciudadano de las “Católicas por el Derecho a Decidir”, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Conforme a un extracto de dicho informe, había grandes ausencias en normativas, falta de georreferenciación de la violencia feminicida, así como en los protocolos de actuación para la investigación de feminicidios, mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, y atención a la violencia, entre otros; carencias avaladas por la invisibilización de la problemática, la falta de personal capacitado y sensibilizado, los grandes vacíos institucionales, la omisión, corrupción, que se suma a que obstaculizaban el acceso a la justicia; pero también perpetuaban las condiciones de inseguridad e impunidad.
Es así que reconoce que esta alerta, no se decretó de la mano de un mecanismo claro de seguimiento desde la propia federación y en contrapeso a esta ausencia.
Es por ello que sugiere entre otras cosas: una revisión profunda de protocolos, documentos, informes y evidencias presentadas por autoridades municipales y estatales, enriquecida con entrevistas a funcionarias clave.
Asimismo, retomar, la experiencia en campo del propio OCNF, no solo como organismo peticionario, sino como pieza clave de acompañamiento y litigio estratégico con familiares, así como asesoría, capacitación y fiscalización de instancias estatales y municipales.
También, reconocer la experiencia de familiares de víctimas -de un número limitado pero emblemático de violencia feminicida-, como herramienta y evaluación de las prácticas institucionales, atención del funcionariado, reconocimiento del proceso de acceso a la justicia.
“Solo a partir de una revisión crítica del estado actual de cumplimiento es posible empezar a pensar en establecer indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados de las medidas que se están implementando y dejar de hacer un recuento de acciones para pensar en términos de impacto en acceso a la justicia, atención a la violencia, medición y sistematización de avances”, indica el documento.
