Las diputadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, presentaron una iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

La propuesta, presentada este martes 30 de julio en el pleno del Congreso estatal, es reformar diversos artículos del Código Penal local y del Código Administrativo del Estado de México para garantizar la interrupción legal del embarazo, un derecho vigente en la Ciudad de México desde hace 12 años.

“Estaremos muy al pendiente, para que lo más pronto posible pueda convertirse en ley, porque ya es una exigencia social. Necesitamos que se materialice y no se quede en la congeladora. La intención es que trascienda y que avance lo más pronto posible”, señaló la diputada Nancy Nápoles Pacheco en una conferencia de prensa realizada ayer.

La legisladora precisó que la legislación actual castiga a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo con penas de uno a tres años de prisión, por lo que de 2007 a junio de este año más de 56 mil 477 mexiquenses, de entre 17 a 38 años de edad, acudieron a la Ciudad de México a practicarse un aborto de manera legal y asistida.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2018 se iniciaron 576 procesos de investigación por el delito de aborto en todo el país y el Estado de México se ubicó en primer lugar nacional con 79 casos; además, de enero a junio de este año suman 57 casos por este delito.

Por esta razón, la propuesta es reformar el artículo 248 del Código Penal local para que diga que comete el delito de aborto la mujer que interrumpa su embarazo “después de la décima segunda semana de gestación o que consienta que otra persona la haga abortar una vez transcurrida dicha semana”.

La modificación normativa señalará que, si la conducta se comete después del tiempo de gestación establecido, se impondrá de seis meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de multa y en atención a la capacidad económica, podrán conmutarse los días multa por trabajo a favor de la comunidad.

El mismo artículo dirá que las mujeres que sean procesadas por aborto después de las 12 semanas de gestación, recibirán atención integral con perspectiva de género, para lo cual, la autoridad que tenga conocimiento del hecho las canalizará a las unidades del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

La iniciativa de las legisladoras de Morena, también pretende eliminar la fracción del artículo 250 que actualmente dice que si una mujer aborta para “ocultar su deshonra” se le debe sancionar con penas de seis meses a dos años de prisión.

En vez de esta redacción, en caso de que la iniciativa sea probada, el artículo 250 señalará que el aborto no se sancionará cuando sea producto de una violación o por fecundación sin consentimiento de la mujer; cuando de no practicarse corra peligro la vida o salud de la mujer o si hay alteraciones genéticas o congénitas del producto.

Estas excluyentes de responsabilidad existen en la legislación actual, pero ahora la propuesta de las morenistas es incluir en el Código Penal local que el personal médico tendrá la obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos de la interrupción de su embarazo; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

La diputada Nápoles Pacheco precisó que con esta reforma el Sistema Estatal de Salud estaría obligado a atender las solicitudes de interrupción del embarazo de las mujeres solicitantes, sin importar si cuentan o no con algún otro servicio de salud público, social o privado.

Mencionó que en la entidad mexiquense se han presentado 65 mil 996 casos de complicaciones por abortos inseguras que han sido atendidos en el sistema de salud.

Las legisladoras quieren reformar el Código Administrativo del Estado de México para que los servicios de salud atiendan las solicitudes de aborto, implementen políticas públicas para el fomento de la maternidad y la paternidad responsables, promuevan la prevención del embarazo no planeado y no deseado y garanticen la distribución de métodos anticonceptivos.

La propuesta de reforma al Código Administrativo estatal también propone que cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, las instituciones de salud realicen el procedimiento en un lapso no mayor a cinco días, contados a partir del siguiente a que sea presentada la solicitud de la mujer.

Aunque, en diversas ocasiones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado su cercanía a las iglesias y ha afirmado que la despenalización del aborto es un tema que se debe someter a consulta pública, las legisladoras del partido en el poder, afirmaron en su iniciativa que México es un país laico, por lo cual se debe regir por la autonomía de lo político frente a lo religioso.

En el documento que presentaron en el Congreso, las diputadas también señalaron que la penalización del aborto como medida “preventiva” ha fracasado ya que lo que se requiere es un intensa educación sexual y reproductiva dirigida a mujeres y hombres; además de que la interrupción legal, segura y gratuita salvaguarda la salud de las mujeres.

Al igual que en el Estado de México, próximamente el Congreso de Michoacán analizará una iniciativa similar, esto luego de que el 9 de julio el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Norberto Antonio Martínez Soto, presentó una propuesta para reformar el Código Penal estatal y despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.