• Uno de los detenidos fue controlado tras comportarse de forma agresiva con la autoridad
• Fue necesaria la intervención policial ya que ambos intentaron ser linchados por pobladores
Como parte de la Estrategia Integral implementada en la actual administración, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) capturaron en flagrancia a dos personas probablemente relacionadas en el delito de robo con violencia al transporte público; en el lugar, la autoridad intervino para evitar que ambos fueran linchados por pobladores.
Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), fueron alertados por pasajeros de una línea del Mexibús, quienes informaron que, momentos antes, dos hombres los asaltaron y amagaron con un arma punzocortante para despojarlos de sus pertenencias.
Con la información aportada se llevó a cabo el despliegue operativo que derivó en la aprehensión de Rafael “N” y Erick Eduardo “N” de 22 y 18 años de edad, respectivamente, sobre la avenida López Portillo de este municipio, donde los sujetos fueron plenamente identificados por las víctimas.
A través de comandos verbales, los uniformados de la SS solicitaron a los individuos realizar la inspección preventiva, sin embargo, uno de ellos actuó de forma agresiva por lo que fue necesario controlarlo y durante la intervención fue posible asegurar un cuchillo que aparentemente utilizó en el atraco.
Cabe señalar que, al concluir la revisión, se aseguró una mariconera que en su interior contenía dos teléfonos celulares de diferentes marcas, dinero en efectivo y varias tarjetas bancarias que aparentemente fueron hurtadas.
Tras la contención, de forma sorpresiva, llegó al lugar gente enardecida que comenzó a golpear intempestivamente a los detenidos, así como a los efectivos a quienes les ocasionaron varias lesiones que no pusieron en riesgo su vida.
Acorde al protocolo de actuación, los policías mexiquenses lograron salvaguardar a ambos sujetos quienes fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Coacalco, donde algunas de las víctimas realizaron la denuncia de hechos, a fin de iniciar la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.