Una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la gestión de la expresidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez (periodo 2016-2018) dejó al descubierto un faltante de más de 18 millones de pesos a las arcas del Ayuntamiento y que, además, fue ignorado en la administración de Jesús Tolentino Román Bojórquez (2019-2021), lo que derivó en una acción de embargo en tres domicilios de bienes muebles e inmuebles, ubicados en los Barrios Tejedores, Hojalateros y Acuitlapilco.

En la información contenida en dos carpetas administrativas, el OSFEM señala a Rosalba Pineda Ramírez, en su calidad de ex Presidenta Municipal; Raquel Robledo Ramírez, ex Segunda Síndico Municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero y que además fungió como Presidente Municipal suplente de Chimalhuacán; de responsables del desvió millonario y daño al erario público de este municipio, ya que, entre otras cosas, no presentaron 21 facturas por concepto de consumo de gasolina a autos, motocicletas y maquinaria propiedad del H. Ayuntamiento y que sirvieron para que ellos y su personal se transportarán.

Las constancias señalan que en 2017 el órgano fiscalizador emitió tres observaciones, derivadas de la auditoría financiera y las cuales no fueron solventadas, ya que los ex servidores públicos no se presentaron a las audiencias.

“Omisión en el desempeño de sus funciones”, es el termino jurídico con el que se requirió a la ex Presidenta Municipal y demás involucrados en la notificación enviada a sus respectivos domicilios en el año 2018, como parte de la carpeta administrativa: OSFEM/UAJ/PART-IM/196/17, y la cual fue ignorada por los presuntos responsables del desvío que, hasta ese momento, era de 16 millones 342 mil 611 pesos con 45 centavos.

“Se finca en definitiva responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa. Conforme a los establecido en el artículo décimo transitorio párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, deberán presentar por escrito dentro del plazo de quince días hábiles, contando a partir de la fecha que haya tenido conocimiento de la presente”, señala la notificación que le fue enviada a Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinosa, y que fueron recibidos por el ciudadano Aarón Flores Corona.

El órgano fiscalizador notificó el 13 de febrero de 2020 al entonces Presidente Municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez para que, en su calidad de autoridad municipal, llevara a cabo las acciones legales conducentes, sin embargo, el OSFEM no recibió contestación alguna del político priísta.

El segundo expediente data del 2019 y es el OSFEM/UAJ/PART-AF/137/19, en contra de Rosalba Pineda Ramírez, en su calidad de ex Presidenta Municipal; Raquel Robledo Ramírez, ex Segunda Síndico Municipal; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero, durante el periodo 2016-2018.

De igual forma, el OSFEM detectó faltantes de facturas por concepto de gasolina que les fueron asignados a los ex servidores públicos para el desempeño de sus funciones, por un total de 2 millones 145 mil pesos y que, al no justificar dicha cantidad, los ex servidores públicos causaron un daño al erario público.

Ante la falta administrativa en la que incurrió Jesús Tolentino Román Bojórquez, el OSFEM requirió a la nueva administración 2022-2024 revisar el caso y se detectó que la administración pasada no dejó constancias de las actuaciones de este caso, por lo que la Tesorería Municipal requirió al órgano fiscalizar copias de los expedientes para continuar con el trámite jurídico.

Con las constancias se acredita que la ex Presidenta Municipal Rosalba Pineda Ramírez; la ex Segunda Síndico, Raquel Robledo Ramírez; y Sergio Díaz Espinosa, ex Tesorero, fueron notificados de las actuaciones administrativas en su contra y se fijaron plazos para que presentaran sus argumentos, situación que no ocurrió. El OSFEM ordenó a la Tesorería Municipal de Chimalhuacán llevar a cabo el embargo de bienes muebles e inmuebles ubicados en los barrios Tejedores, Hojalateros y Acuitlapilco.

En cumplimiento a la resolución ejecutoria emitida en expedientes, el órgano fiscalizador determinó la responsabilidad administrativa resarcitoria en contra de Rosalba Pineda Ramírez, Sergio Díaz Espinosa y Raquel Robledo Ramírez, ex servidores públicos del Ayuntamiento, a quienes se les imputa un adeudo de 18 millones 487 mil 611 pesos con 45 centavos en perjuicio de las arcas del Ayuntamiento, razón por la que se procedió a la incautación de bienes.

La primera diligencia se realizó en calle Epatl, manzana 285, lote 18, Barrio Tejedores, en donde a la ex Síndico Municipal, Raquel Robledo Ramírez, se le informó del mandamiento de ejecución por sanción administrativa.

Una vez ahí, fueron embargados dos televisores, dos computadoras, una impresora, un videojuego, una camioneta y cinco máquinas de coser industrial. Al lugar acudió la abogada de la afectada, Yesenia Vargas Peña, quien permitió que personal autorizado para el desalojo, realizara su labor y la diligencia se llevara con calma.

En el segundo domicilio, calle Amoxtli, lote 28, manzana 166, Barrio Hojalateros, a nombre de Rosalba Pinera Ramírez, no se encontró resistencia, ya que la abogada, Yesenia Vargas Peña permitió la entrada a Omar Jiménez, notificador- ejecutor, habilitado para llervar la diligencia de embargos, adscrito a la Tesorería Municipal, quién constató que el inmueble se encontraba vacío, por lo que se procedió a colocar los sellos de embargo.

El tercer domicilio en calle Tecomatlan, lote 2, Barrio Acuitlapilco, la abogada Peña permitió la entrada al personal y se constató que no había bienes que pudieran ser embargados. En las tres diligencias tomó fe de los hechos el Asesor Jurídico de Derechos Humanos de Chimalhuacán, Santiago Muñoz Salas.

24 horas antes de la ejecutoria de los mandamientos administrativos, personal de la Tesorería Municipal notificó de manera personal a los imputados de los embargos, en cumplimiento a la resolución emitida por el OSFEM.

La ciudadana Raquel Robledo Ramírez fue informada de la resolución y se le indicó que, a partir de este momento, el Ayuntamiento estaba facultado para embargar los bienes que estuvieran dentro del domicilio, así como de las sanciones en caso de violar los sellos de embargo. También fue enterada que al momento de la ejecutoria del embargo no debía haber menores de edad en la vivienda.