“La Fiscalía General de Justicia está convertida en una fábrica de culpables, donde la Policía de Investigación trabaja para cumplir las estadísticas, para obtener un bono económico que les dan por capturas, sin respeto alguno a la investigación científica y mucho menos a los derechos humanos de los mexiquenses”, aseguró el abogado Alfonso Jiménez Quiroz.

El abogado presentó pruebas que demuestran la inocencia de sus hermanos Hugo y Roberto, quienes llevan 53 días presos en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, acusados de asaltar el 30 de diciembre de 2020 una camioneta de valores de la empresa Tecnoval, en el estacionamiento de la tienda departamental SAMS, en Toluca, cuando ellos se encontraban en la Ciudad de México.

En conferencia, en la que estuvo acompañado de representantes de colectivos pro derechos humanos que exigieron la liberación inmediata de Roberto y Hugo Jiménez Quiroz, el abogado indicó que a pesar de que existen por lo menos tres líneas muy claras de investigación que desarrollar en el caso, entre ellas el presunto contubernio de uno de los custodios de la misma empresa de seguridad privada y un empleado de la tienda departamental, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “decidió mejor responsabilizar a tres inocentes”.

Explicó que existen videos del sistema de cámaras de video seguridad de la Ciudad de México en los que se puede observar como Roberto y Hugo Jiménez Quiroz se encontraban en la capital del país el 30 de diciembre del año 2020, a la misma hora en que sucedió el asalto a la camioneta de valores en Toluca.

Hizo una larga lista de hechos violatorios del Debido Proceso en los que se incurrió en la detención y consignación de Hugo y Roberto Jiménez Quiroz, como el hecho de que nunca presentaron orden de aprehensión alguna los elementos que los capturaron, siempre vestidos de civil, sin portar gafete alguno y sin identificarse oficialmente, además fueron presentados ante un agente del Ministerio Público de Ecatepec por “cohecho, portación de arma prohibida y delitos contra la salud”, pues les “sembraron” en el auto que viajaban una bolsa con marihuana y un cuchillo en el que no se encontró ninguna huella que demuestre que alguno de ellos lo portaba, y ahora se les juzga por el asalto a la camioneta de valores del 30 de diciembre del año anterior.

Por ello, hizo un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que intervengan en la Fiscalía General de Justicia de esta entidad y observen “que la fabricación de culpables ahí es cosa de todos los días”.
Jiménez Quiroz apuntó que, además de la privación ilegal de la libertad y de la burda incriminación a la que han sido sujetos los hermanos Hugo y Roberto, se ha puesto en riesgo su salud y vida al encerrarlos en el penal de Almoloya de Juárez en un área donde existía un brote importante de Covid-19.

Por su parte, el perito en criminalística, Daniel González Cárdenas, presentó copia de los videos de seguridad de la tienda departamental SAMS, así como de una cámara portátil que llevaba uno de los custodios de la compañía de seguridad de valores Tecnoval, en los cuales se observan actitudes que –dijo—hacen suponer complicidad de uno de los responsables de proteger el dinero.
Además, señaló que de acuerdo con el peritaje antropomórfico realizado, los cinco sujetos que aparecen en los videos de seguridad son totalmente diferentes en sus características físicas a los hermanos Hogo y Roberto Jiménez Quiroz, a quienes se mantiene presos por un delito que se llevó a cabo a kilómetros de distancia de donde ellos se encontraban, de los cual existen evidencias irrefutables como otra video grabación de una cámara de seguridad de un autolavado de la Ciudad de México donde ellos se reunieron con otras personas y llevaron a lavar el vehículo en el que viajaban.

Recordó que el único elemento que hay y que relaciona a Hugo y Roberto Jiménez Quiroz con el asalto, es un automóvil marca Mercedes Benz, modelo 2010, el cual Roberto compró de buena fe el 4 de febrero, y que luego resultó que sí había sido utilizado por los asaltantes el 30 de diciembre de 2020, cuando los hechos se registraron.

Por su parte, la licenciada Estefanía Pesquera García, quien estuvo presente en el momento de la aprehensión ilegal de Hugo y Roberto Jiménez Quiroz, relató el lujo de violencia con el que los policías ministeriales mexiquenses actuaron, los abusos que cometieron como nunca identificarse oficialmente ni mostrar orden de aprehensión alguna, la “siembra de mariguana y un arma blanca en el auto en que ellos viajaban, así como las vejaciones y torturas a las que los sometieron.

“Les pusieron periódico mojado en el cuerpo para golpearlos y que no se formaran moretones, los incomunicaron, les robaron los teléfonos celulares, los encerraron en cuartos que no eran celdas ni separos, y les vaciaron las carteras para sacar fotografías de sus identificaciones, de tarjetas de crédito y débito, así como de retratos que llevaban de sus esposas e hijos, lo cual es absolutamente ilegal”, concluyó.