Desde 2019 en la Ciudad de México opera la Guardia Nacional, integrada por expolicías federales, navales y militares y, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la pandemia de COVID-19 la Marina y el Ejército también apoyan la vigilancia de los hospitales de la capital.
Así lo recordó la mandataria el pasado 12 de mayo, a pregunta expresa de los medios durante su conferencia de prensa. La precisión la hizo un día después de que el 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública en todo el país.
Aunque en 2018 la jefa de Gobierno aseguró que no se necesitaba que la Guardia Nacional entrara a la capital del país porque la inseguridad se podría atender con la policía local; en julio de 2019 anunció que este cuerpo policiaco comenzaría a operar en las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuax, Tlalpan y Milpa Alta.
Al respecto, Sheinbaum aseguró que el actual gobierno “no es lo mismo” que el gobierno federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en 2006 desplegó al Ejército y a la Marina en todo el país como una estrategia de combate al crimen organizado, lo que provocó violaciones a Derechos Humanos cometidos por militares y marinos.
Sheinbaum insistió en que el país no se está militarizando y agregó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalina estaban fortalecidas y coordinadas y agregó que se ha fortalecido a la policía de la Ciudad de México, aun con la reducción de recursos para atender la pandemia.
La decisión presidencial de entregar, legalmente, a soldados y marinos la facultad de realizar labores de seguridad pública hasta 2024, mientras se fortalece la Guardia Nacional, ha sido criticada por organizaciones civiles que sostienen que la actuación castrense no es extraordinaria, regulada, fiscalizada ni subordinada, lo que podría acarrear violaciones a Derechos Humanos.
Por ejemplo, las agrupaciones civiles han documentado la detención arbitraria y tortura sexual de mujeres para que se declaren culpables de delitos. Así lo han evidenciado Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras.
El pasado 13 de mayo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que a pesar de su corta vida, la Guardia Nacional, creada por ley en mayo de 2019, ya contaba con un despliegue de más de 80 mil elementos en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México, pero mientras se consolidaba se haría uso de las fuerzas armadas.
En este contexto, la jefa de Gobierno recordó que durante la pandemia, el Ejército realiza labores de vigilancia alrededor de hospitales del IMSS y del ISSSTE. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los elementos han sido desplegados para acciones como el reacondicionamiento de hospitales del Insabi, la seguridad a almacenes e instalaciones estratégicas del IMSS y controles migratorios
Cabe recordar que tras la publicación del acuerdo, la ONU-DH recordó que ya ha reiterado en numerosas ocasiones que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad.
Lo anterior, dado que la estrategia de seguridad instaurada desde 2006 ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de Derechos Humanos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres.
