El Gobierno de México protegerá a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o el silencio sea cómplice de la injusticia, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Estableció que el quehacer periodístico no es ajeno a las condiciones de desigualdad existentes, una de las tantas grandezas del periodismo radica en la oportunidad para dar voz a los niños de la sierra, a las niñas, niños y mujeres en condiciones de trata, a indígenas que enfrentan procesos judiciales sin traductores o a menores abusados sexualmente.
Durante la ceremonia de Reconocimiento Público de Responsabilidad del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia María Cacho Ribeiro, señaló que además de las disculpas a la también activista, también es preciso reiterar que el gobierno federal no estará supeditado a intereses particulares.
En el acto, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob), la funcionaria federal advirtió que los poderes político y público no estarán subordinados al económico.
Por ello, garantizó protección a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia.
La titular de la política interior del país consideró indispensable asegurar el ejercicio periodístico. “Lo que en algún momento fue un espacio de censura, como fue la Secretaria de Gobernación, defendemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada”.
Casos como el de Lydia Cacho, subrayó, recuerda lo complicado que ha sido escribir alejados del periodismo mágico e irreal, el que pregona que las cosas van bien cuando no es así.
Expuso que México fue el país con más periodistas asesinados, por lo que el acto de este jueves representa el inicio de una política de Estado comprometida con quienes se dedican a informar.
Se trata, enfatizó la funcionaria federal, de un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia mexicana y para la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión, por lo que aseguró que “nunca más en esta Secretaria de Gobernación la censura ha de tener cabida”.
En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que con el acto de este jueves se da cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 31 de julio de 2018, respecto de las violaciones a los derechos humanos de Cacho Ribeiro.
Ello, añadió, derivado de los hechos ocurridos en diciembre de 2005 y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos, violaciones cometidas a manos de distintas autoridades del Estado mexicano.
Recordó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que se violaron los artículos 3, 7, 9 y 19 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Con ello violentaron entre otros derechos humanos el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el de salud, acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia de la periodista.
Apuntó que el Comité calificó que los tratos a los que Lydia Cacho fue sujeta por diversas autoridades del Estado mexicano, en el marco de su detención fueron arbitrarios y tuvieron un objeto discriminatorio por razón de género; señalando que el Estado incumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables de tales arbitrariedades.
Por lo tanto, enfatizó, “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años“.
De acuerdo con Encinas Rodríguez, el país ha cambiado y el Gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por el país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de esa nación, el ejercicio libre de sus derechos.
Redacción AN / GS