Como parte de las celebraciones del 24 de febrero, se informó que el presidente Enrique Peña Nieto, celebrará el Día de la Bandera en el municipio de Iguala, Guerrero.

El presidente no pisa el municipio desde hace más de un año y cuatro meses, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que habrían sido secuestrados y quemados por Guerrero Unidos, según la versión de la PGR.

Contrario a la llamada verdad histórica. hay un grupo que se ha encargado de desmentir, sin pruebas, este reporte, ¿pero en qué va este caso? ¿qué resultados ha obtenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)?

 

Dicho equipo de “expertos” fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de propuestas hechas por el Estado mexicano y organizaciones civiles. A los cinco, según se sabe, se les paga 48 mil dólares. ¿Quiénes son ellos?

Alejandro Valencia

• Abogado colombiano, dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años.

Es catalogado como un “antimilitaristas”, que formó parte de la Comisión Andina de Juristas, ahora llamada Comisión Colombiana de Juristas, la cual impulsó la desmilitarización de las zonas donde se cultiva coca en Colombia y considera que los ataques de la guerrilla a la población civil no son actos de terrorismo, sino rebelión legítima.

Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Victimas de la Guerrilla de Colombia, dijo a La Razón que Valencia y su hermano “son abiertamente antimilitaristas, de manera que en la medida que ellos puedan trabajar para demostrar que las autoridades, en especial el Ejército mexicano, tuvieron algo que ver con la desaparición de los normalistas, lo van a hacer”.

Destacó que poner a Valencia a elaborar investigaciones donde está involucrado el Ejército, “es como ponerle queso a un ratón”.

Ángela Buitrago

• Abogada colombiana, doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho penal y ciencias criminológicas.

Ángela Buitrago, se ha visto envuelta en descalificaciones respecto a su trabajo, tan sólo hay que mencionar que en enero pasado la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia reactivó una demanda que presentó el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por los delitos de prevaricato, falsedad de declaración y fraude procesal, según información del diario La Razón.

Claudia Paz y Paz

• Guatemalteca, abogada, fue la primera mujer Fiscal General en su país y experta en derecho penal.

La exfiscal de Guatemala mantuvo “de rodillas” a ese país porque protegió a grupos disfrazados de activistas que cometían toda clase de delitos, como tomas de instalaciones públicas, invasión de propiedad privada, robos y bloqueos carreteros, acusó la también exfiscal Gilda Aguilar.

En entrevista con La Razón, Aguilar detalló que los grupos que fueron protegidos por la hoy integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) fueron el Comité de Desarrollo Campesino, Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales, Comité de Unidad Campesina, Frente Nacional de Lucha y a la Comisión Paz y Ecología de ese país centroamericano.

Por ello advirtió que Paz “no es una persona idónea para ser parte de este grupo (de la CIDH), porque en Guatemala actuó bajo un marcado sesgo ideológico y eso pone en riesgo la objetividad con la que debe ser investigado el caso de los estudiantes y podría estar actuando bajo ciertas tendencias ideológicas y no bajo una justicia como debe ser, con equidad”.

Francisco Cox

• Abogado chileno, cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Columbia.

En estos días se dio a conocer que Francisco Cox, quien todavía no concluye su compromiso en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, trabaja en otro caso en Uganda.

En aquel país africano, Cox defiende a las víctimas de los crímenes de Dominic Ongwen, niño soldado acusado de secuestrar, violar y matar a miles de personas.

Por su trabajo en Uganda, el experto del GIEI viaja constantemente a aquella nación, de acuerdo a información de La Razón.

Carlos Beristain

• De nacionalidad española, médico y especialista en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años.

Viajó en enero a Roma y entregó a El Vaticano un informe sobre el caso de los 43, sin hacer ninguna pausa a la investigación, por lo que se le siguió pagando.

¿Y qué resultados nos tienen del caso?

En la conferencia de prensa que ofrecieron el domingo pasado, dijeron que avanzarán hasta donde puedan, porque el tiempo es poco, en pocas palabras, nada nuevo.

A pesar de eso el 18 de febrero padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala le pidieron ampliar la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la procuradora Arely Gómez; es decir, contratarlos por un tercer periodo después del 30 de abril, cuando termina su convenio y con esto pagarles otro millón de dólares, para sumar tres.