Se utilizó la base de datos del INE para, con los datos de miles de credenciales de elector, dar de baja a votantes chiapanecos de la lista nominal y darlos de alta, sin su consentimiento, como residentes en el extranjero.
El Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República (PGR) por conducto de la FEPADE y hasta la Procuraduría de Justicia de Chiapas llevan la investigación de lo que sería, hasta ahora, el robo masivo de identidad más grande y bien orquestado en la historia de México. La nota la dio como primicia Noticieros Televisa la semana pasada, pero datos recién recabados dan cuenta de un actuar irregular sin precedentes.
Hasta ahora, sabemos que alguien utilizó, con fines ilegales, el padrón de electores que el INE da a los partidos políticos. Este padrón, el INE lo da para que verifiquen quiénes tienen derecho a votar. En anteriores ocasiones habíamos escuchado que se vendía a empresas de marketing, lo que se investigó, sin llegar a ninguna consecuencia para los partidos que habrían vendido la base de datos.
Pero ahora, se utilizó la base de datos del INE para, con los datos de miles de credenciales de elector, dar de baja a votantes chiapanecos de la lista nominal y darlos de alta, sin su consentimiento, como residentes en el extranjero. Así, con la obtención del nombre del ciudadano y su clave de elector a alguien se le ocurrió registrar a más de 16 mil chiapanecos como habitantes en el extranjero y solicitar que pudieran votar de manera electrónica.
Así, chiapanecos que no tenían siquiera pasaporte y que nunca han salido del país, de un día a otro, aparecieron como residentes en 42 países. El grueso de las personas (7 mil 363) fueron dadas de alta en los Estados Unidos, pero hay otros registros en Uganda, Armenia, Vietnam, Liberia, Cabo Verde, República Checa, Angola y Trinidad de Tobago. Incluso, en el caso de Estados Unidos, resulta que la mayor concentración de chiapanecos (mil 188) está en Winter Park, Florida, un condado de alto nivel socioeconómico con un ingreso promedio muy elevado. Estos datos, por si solos, parecen inverosímiles, pero hay que agregar que según esto los chiapanecos tendrían entonces el padrón de residentes en el extranjero más amplio del país. Más grande que el de Michoacán, o Zacatecas —ambos estados con alto flujo migratorio— o incluso más que el Distrito Federal y el Estado de México que concentran la mayor densidad poblacional.
Si estos datos no fueran suficientes para alertar de que algo estaba mal, agréguele que cientos de chiapanecos sí pudieron votar para la elección federal que se celebró el 7 de junio, pero que cinco semanas después ya no pudieron hacerlo en sus elecciones locales.
Además, según datos en poder de las autoridades federales que están investigando, para registrar a los votantes en el extranjero y ocultar las direcciones de correo electrónico, desde donde lo hicieron, se usaron bloqueadores de identidad de manera masiva (Virtual Private Networks, VPNs). Así, la mayoría de los registros se hicieron desde cuentas de correo electrónico de la empresa mail.com, misma que es poco usada en nuestro país.
Por si los datos de arriba no fueran bastantes para encender las alertas, hay que añadir que el dueño de la empresa DSI Elecciones SA de CV, quien organizó el voto en el extranjero, Vicente Manzur Molina, es familiar (primo) del diputado que resultó ganador en el pasado proceso electoral, Roberto Pardo Molina.
Todo lo anterior debió de haber sido supervisado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPCC), el cual pagó millonarias sumas de dinero para la puesta en marcha del sistema de voto de los chiapanecos residentes en el extranjero. Pero no, los consejeros electorales se la pasaron viajando —a NY, Chicago, Los Angeles, y Orlando— para “promover” el voto, pero no revisaron lo que sucedía con la empresa contratada, ni siquiera lo que ocurría en sus propias instalaciones. Resulta que desde éstas se realizaban los registros fraudulentos de los chiapanecos en el extranjero. Datos técnicos obtenidos por los investigadores federales dan cuenta que desde el propio IEPCC se falsificaban datos y se registraron a mil 25 chiapanecos como residentes en el extranjero.
Así, en Chiapas se realizó el robo masivo de identidad más grande de que se tenga registro y todo por la obtención de una diputación local, la del “Diputado Migrante”. Ahora que estos datos están saliendo a la luz pública, el diputado migrante, Roberto Pardo Molina, ha sido desaforado y enfrentan él y su tío, el dueño de la empresa, investigaciones tanto por la Procuraduría Chiapaneca, como por el INE y la PGR. Quizá ambos estaban confiados en que sus prácticas no quedarían evidenciadas pues establecieron que nueve días con posterioridad a la elección se borraría la base de datos, pero quedaron varios registros en el IEPCC y en las empresas en el extranjero que ayudaron a enmascarar las direcciones de correo electrónico.
El nivel de fraude cometido demuestra por un lado la habilidad de personas y candidatos para obtener cargos públicos y los recursos que con ello se obtienen, pero también revela la fragilidad de nuestras instituciones electorales, particularmente las locales que, a pesar de depender ya del INE, siguen actuando como en el México de principios del siglo pasado.
El tema tiene que ser investigado y sancionado con toda severidad, no solamente por ser el robo de identidad más grande en la historia del país, sino porque en el 2018 será la primera vez que todos los mexicanos podamos votar vía electrónica desde el extranjero. Si a un diputado chiapaneco se le ocurrió hacer la mecánica que arriba se describe, qué no harán los partidos políticos nacionales por ganar la Presidencia de la República en 2018.
En el INE prevén abordar el tema hasta enero del año entrante, pero se espera que muy pronto tanto la Procuraduría local como la PGR hagan las primeras consignaciones por estos hechos. Esperemos que todas las autoridades expliquen lo acontecido y pongan candados para que esto no vuelva a suceder en ninguna otra elección.
