Unas 600 mujeres de organizaciones sociales y la diputada, Delfina Gómez Álvarez, emplazaron al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a esclarecer centenas de feminicidios que están impunes e implementar una política integral para frenar lo que definieron como una crisis social.
“Ni una muerta más”, “un expediente cerrado, una mujer asesinada”, “No queremos tarjetas rosas, queremos seguridad para las mujeres”, fueron algunas consignas que corearon 600 personas que marcharon a la explanada de Ecatepec, con la exigencia al gobierno mexiquense de justicia y seguridad, luego de sumar en 12 años 3 mil 880 feminicidios.
Al filo de las 9 de la mañana, miembros de organizaciones sociales y civiles que integran el Frente Mujeres en el Estado de México “Nos Están Matando”, con cruces en mano partieron de la avenida Primero de Mayo rumbo al monumento a la Trilogía, donde las colocaron.
En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, presentaron un pliego con una serie de demandas al gobierno local y a la Fiscalía General de Justicia.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, diputada federal por Morena, solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo ampliar la alerta de genero a los 125 municipios de la entidad, desempolvar y dar seguimiento jurídico a las miles de carpetas de investigación acumuladas en los últimos dos sexenios de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila.
“Es necesario que el gobierno estatal garantice la impartición de justicia pronta y expedita, no esperar a ver si la joven se fue con el novio o de fiesta, argumentos que dicen los funcionarios de la fiscalía a los padres de familia para retardar las acciones de búsqueda y que hacen perder horas valiosas para evitar más asesinatos”, expresó.
Azucena Cisneros Coss, miembro de este frente de mujeres, declaró que en 2017 se han registrado 224 feminicidios y se investigaron apenas 27 por ciento. Tan sólo en 2 meses del actual gobierno suman 42 crímenes en la entidad.
Demandó la creación de una fiscalía especializada para atender la violencia contra las mujeres en los once municipios, donde se declaró la alerta de género, ya que los jueces dejan en libertad a los homicidas debido a una mala integración de la carpeta de investigación por dolo o ineptitud.
Consideró que debe eliminarse el plazo de 72 horas establecido para activar el aviso del “Programa de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, no localizadas Ausentes y extraviadas Odisea”, pues por argumentos inválidos de las autoridades se pierde un tiempo fundamental para recuperar a las jóvenes y salvar sus vidas.
También demandaron al gobernador que cumpla de forma inmediata con la instalación de los botones de pánico no solo en el transporte público, sino además en otros espacios que son de alto riesgo para la vida de las mujeres, como hoteles, parques y espacios abandonados.
“Es urgente que el gobierno federal y estatal trasparenten en qué han sido asignados los recursos etiquetados a las acciones para la erradicación de la violencia de género contra las niñas, jóvenes y mujeres en la entidad”, expuso Cisneros.
Plantearon que es urgente la apertura de espacios de atención integral y especializada en violencia contra las mujeres y las niñas, que permitan prevenir y erradicar esta pandemia en el estado de México.
Solicitaron un fondo de reparación de daños para los hijos y padres de las mujeres asesinadas que dependían de la victima, como medida obligada para aminorar los efectos dolorosos de las familias
En el Puente de Fierro, como llaman los habitantes al antiguo camino vehicular de la carretera federal México-Pachuca, el grupo de mujeres hizo también una parada para colocar una ofrenda floral y recordar a las jóvenes que han sido asesinadas, cada vez con mayor violencia, por el hecho de vivir en el municipio más inseguro del país.
