Poco después del mediodía de hoy y a unas horas de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniera con el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, la caravana de personas migrantes provenientes de San Pedro Sula, Honduras, derribaron la valla que divide la frontera de Guatemala con México.

Por momentos que se tornaron tensos, las miles de personas que han caminado casi 7 días desde que salieron de su país para cruzar la frontera con México con destino a Estados Unidos, derribaron la valla para continuar su paso al puente que se encuentra sobre el Río Suchiate, que es el río que marca la frontera occidental entre Guatemala y México, pero fueron retenidos por la Policía Federal quien ya los esperaba del otro lado del puente.

Familias completas, mujeres, niñas y niños, cruzaron a territorio mexicano entre empujones. Luego de que algunas personas pasaron, y al no poder continuar su avance hacia las rejas para pisar territorio mexicano, ya en el estado de Chiapas, y ante la multitud, la Policía Federal lanzó gases lacrimógenos para impedir su avance. Entre lanzamientos de piedras y forcejeos en las rejas para la entrada a México, y ante la imposibilidad de continuar avanzando, muchos migrantes optaron por lanzarse al río.

Su objetivo no es quedarse en México, sino continuar a Estados Unidos en búsqueda de trabajo y mejores oportunidades, ya que dicen que en Honduras ya no se puede continuar viviendo ante la falta de oportunidades y la pobreza.

Organizaciones de Derechos Humanos con trabajo en migración, expresaron su preocupación por la situación que atraviesan las personas de la Caravana, por lo que pidieron a los gobiernos de México, Guatemala, Estados Unidos y Honduras respetar los Derechos Humanos de quienes la integran.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los representantes de las oficinas de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, así como del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proclamaron en un comunicado en conjunto, que “el trato digno es un mandato tanto en la frontera norte como en la sur”.

El Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, dijo que “se piensa más en la seguridad de las fronteras como objetivo que en la seguridad de los migrantes –especialmente- de las niñas, niños y adolescentes”. Sostuvo que es necesario en todos los casos, el “respeto irrestricto” a las normas de derecho internacional de los Derechos Humanos en materia de migración.

Aguilar anunció que la SCJN apoyará a los tribunales federales de la frontera sur en la tramitación de amparos que pudieran presentarse por violaciones a los Derechos Humanos de las personas de la caravana.

En tanto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly, consideró que la caravana migrante representa una oportunidad para que México pueda consolidar un sistema de asilo, armonizando las disposiciones de las leyes generales de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de migración y refugio, con respeto a los Derechos Humanos y a los estándares internacionales.

En un comunicado, aparte, la organización humanitaria Oxfam, pidió los gobiernos de México y Estados Unidos respetar los principios de no devolución, brindar mecanismos de protección, y garantizar que los niños y las niñas no sean separadas de sus familias.

Además, pidió a las autoridades que estén alertas a las redes de trata y tráfico de personas, ya que “estas mafias” podrían “aprovecharse de la vulnerabilidad que enfrentan las miles de personas desplazándose en condiciones precarias en esta caravana.”

Oxfam consideró que las y los migrantes están huyendo de la violencia generalizada, la pobreza, y los efectos del cambio climático, y que es responsabilidad de los gobiernos que las familias “sientan que ya no tienen nada que perder”.

En noviembre de 2014, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras junto con el vicepresidente de Estados Unidos, lanzaron el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, para mejorar las condiciones de vida en estos países y atacar las causas estructurales de la migración.

“Cuatro años después, es evidente que dicho Plan no ha producido los resultados esperados y alentamos a estos gobiernos a realizar un análisis profundo sobre su falta de impacto”, concluyó Oxfam.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana se declaró preparada para recibir a la Caravana de Migrantes en Tapachula, Chiapas, donde esperarían más de 50 personas voluntarias.

Trabajarán “aplicando sus principios de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de las personas”, señaló la organización en un comunicado.

Dijo además que ofrecerán el servicio de Restablecimiento del Contacto, ya que “durante la trayectoria de este grupo vulnerable a la nación de destino, muchos de ellos pierden contacto con sus familias por semanas o incluso meses, lo que ocasiona incertidumbre y zozobra entre sus conocidos, por lo que este programa significa un apoyo humanitario.”

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) en una carta pública dirigida al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, al Secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, y al secretario de Salud doctor, José Ramón Narro Robles, manifestó su preocupación por el envío de elementos de seguridad pública a la frontera sur, por lo que los instó a considerar los instrumentos internacionales que México ha firmado para proteger los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Recordaron que como país, “tenemos la obligación de informarles sobre sus derechos y de apoyarles para solicitar la condición de refugiadas”.

Vieron como positivo que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, haya referido que los albergues de la entidad estarán preparados para la recepción de las personas migrantes.

Consideraron que ésta es una oportunidad para que México asuma una postura de protección para la población migrante y solicitante de asilo y de demostrar su compromiso con los principios de los Pactos Globales sobre Migración y Refugiados, que está por firmarse en diciembre.