Dos fiscales de la SEIDO y un agente de la Policía Federal Ministerial fueron encarcelados por presuntamente extorsionar con 600 mil pesos a un empresario que detuvieron con base en una orden de presentación y una averiguación previa inexistentes.

Érika León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO, así como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal de la misma, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la Policía Federal Ministerial, están formalmente presos por extorsión.

Además, sus presuntos cómplices Raúl Escalona Pardo, José Ramsés Fernández Sandoval y Francisco Javier Espinoza Meléndez, elementos de la corporación, se encuentran prófugos de la justicia, al parecer porque fueron alertados de la orden de aprehensión.

La Visitaduría General de la PGR acusó a los funcionarios de inventar un expediente contra el dueño de varios lotes de vehículos para detenerlo y obligarlo a pagar dinero por su libertad.

Los fiscales de la SEIDO y los agentes de la PFM no son los únicos implicados en la extorsión, pues, antes que ellos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) también detuvieron al empresario y le pidieron 40 mil pesos con el mismo modus operandi.

Estos últimos aún no son acusados penalmente.

De acuerdo con la causa penal 470/2015 del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales del DF, Héctor Galicia, el denunciante, dijo tener la sospecha de que detrás de ambas extorsiones está Alejandro Lozano Morgan, quien trabajó en su lote de vehículos.

‘¿Sabes qué es la SEIDO?’

El 2 de octubre, agentes de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la PFM se presentaron en el lote de compra venta de vehículos de Héctor Galicia. Eran las 9:40 horas.

Cuatro federales bajaron de un Aveo con una orden de presentación y localización para llevarlo a declarar a la SEIDO, porque, aseguraron, había una investigación en su contra por lavado de dinero.

El padre del empresario fue testigo del momento en que los agentes se lo llevaron a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (UEIDORPIFM).

Durante el traslado a la Subprocuraduría, uno de los policías dejó en claro de qué se trataba.

“El comandante, el gordito de lentes de barba, me dijo que la había cagado por hacer tantos movimientos, pero ellos me podían ayudar desapareciendo todo lo que tenían investigado, pero que necesitaba caerle con una lana, mínimo 500 mil pesos”, dijo.

En el camino, los federales ministeriales también llamaron por teléfono a una mujer a la que se referían como Érika, de quien decían que “era muy cabrona y pedía mucho dinero”. Hablaban de Erika León Rodríguez, directora general adjunta de la UEIDORPIFM.

En videos a los que se tuvo acceso se observa que, al arribar a la Subprocuraduría, Galicia fue llevado a la oficina de León Rodríguez, también titular de una de las cinco fiscalías que integran la Unidad Antilavado.

“¿Sabes qué es la SEIDO?”, fue lo primero que preguntó la fiscal.

“Me explicó que la SEIDO era una oficina donde se investigaban delitos federales como lavado de dinero, narcotráfico, que era donde metían a los grandes como al ‘Chapo’, al ‘Z-40′”, relata la víctima.

A la oficina de León Rodríguez esa mañana entraban y salían los agentes y la propia fiscal. Incomunicado y sin abogado, Galicia era el único sin moverse de su silla. León le pidió sus pertenencias personales, la cartera y los celulares.

“El lavado de dinero no es sólo para narcotraficantes, sino para personas que hacen otro tipo de operaciones”, hablaba la funcionaria en voz alta.

Cuando la fiscal salió de la oficina, un policía le soltó: “Para que puedas salir, necesito dos, dos millones”.

Al regresar, León presumió haberlo investigado a fondo y saber varios detalles de su entorno.

“Entre otras cosas me dijo el mal que tenía mi hijo, dónde me había casado y que mi esposa está bien buena, aunque ella no era lesbiana, pero que no obstante que yo tuviera problemas económicos por el gasto de mi hijo, la gente que entra aquí se va procesada a un reclusorio”.

Ante su reiterada renuencia, los agentes forzaron a Galicia para fotografiarlo de frente y perfil. Uno de ellos le susurró: “ya quedó en un millón”.

“Contesté que yo no tenía ese dinero y me dijo ‘¿cuánto tienes?’; le contesté que buscando le podría conseguir 600 mil pesos”, dijo.

Su respuesta cambiaría todo. Cuando se sentó a declarar ante un fiscal que luego identificaría como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, lo primero que le preguntaron fue si ya se había “arreglado” con los oficiales.

Al responder que sí, el MP le dijo: “ahorita que te declare te abstienes”. El funcionario ya tenía escrito un formato de cuatro fojas donde decía que Galicia se reservaba su derecho a declarar. Éste sólo las firmó y plasmó las huellas de sus pulgares.

El empresario salió a las 11:32 horas de la SEIDO y de inmediato marcó al teléfono de su padre, quien le prestaría el dinero.

Por mensajes SMS, los agentes indicaron que debía dejar los 600 mil pesos en una Mazda negra CX-7 que estaría estacionada en Mina y Zaragoza, en la Colonia Guerrero, muy cerca de la SEIDO.

La camioneta tenía las placas de circulación dobladas y el engomado cubierto. Habían dejado abierta la puerta trasera derecha. Galicia metió en ella una bolsa de plástico negra alrededor de las 14:30 horas.

‘No tires a la basura un buen trato’

El 5 de octubre el empresario recibió un mensaje de SMS en su celular.

“Del apoyo que pediste y se te dio, se acordó uno grande, diste 6 y esta semana dabas 4”, escribió un agente de la PFM.

No hizo caso. Más tarde recibió otro: “Amigo, buenas tardes, qué día de la semana concluimos los temas”.

Galicia redactó que no les debía nada, que quedaron en 600 mil y ya los había finiquitado. Su respuesta cambió el tono de los agentes.

“No tires a la basura un buen trato, recuerda que hay más personas atoradas contigo. Te estoy dando la oportunidad de tratarlo conmigo, pero veo que no te interesa. Ya habíamos quedado y no respetaste el trato”.

“No me respondes el mensaje, entenderé que no te interesa y no hay acuerdo”.

El empresario se dio cuenta que no lo iban a dejar en paz y decidió denunciar.

Cuando la Visitaduría General de la PGR inició la investigación, lo primero que descubrió es que no existía el número de averiguación previa por la que supuestamente indagaban a Galicia por lavado.

Después revisó todos los oficios de mandamientos de la PFM y también corroboró que no había ninguna orden de presentación y localización contra el empresario.

Los videos de las cámaras de la SEIDO, los mensajes escritos que recibió Galicia y los testimonios de los diversos testigos decidieron a la Visitaduría a solicitar las aprehensiones de los seis implicados.

El 15 de diciembre, el fiscal Carlos Abraham Moncada fue detenido afuera de las oficinas de la Subprocuraduría, a las 21:10 horas. A las 22:20 horas, aprehendieron al agente de la PFM Porfirio Francisco en Lomas de Sotelo.

La fiscal Érika León fue aprehendida a las 22:40 horas, también afuera de la SEIDO, cuando cruzaba Paseo de la Reforma con dirección al Servicio de Administración Tributaria.