Durante años y con la tolerancia de las autoridades municipales, tres familias del municipio de Tijuana ampliaron sus viviendas hasta pegarlas a la valla que divide a México de Estados Unidos, invadiendo un terreno que no les pertenecía.

Ahora, estos vecinos de la exclusiva área residencial Terrazas de Mendoza están en una cuenta atrás pues en los próximos días deberán demoler esas obras o de lo contrario lo harán las autoridades como parte de los trabajos para sustituir la valla.

El Ayuntamiento local tiene la responsabilidad de hacer cumplir un decreto presidencial que establece el derecho de paso en el área adyacente al cerco fronterizo, que en esta zona fue construido con desechos de materiales utilizados por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo a principio de los años noventa.

El Gobierno municipal ya notificó a los vecinos hace aproximadamente un mes sobre la obligación de desalojar la zona invadida, afirmó a Efe el director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Guillermo Alonso Meneses.

El investigador conoce el tema de cerca y dijo que eventualmente los propietarios podrían incluso intentar ampararse contra el Gobierno local.

Sin haberse convertido todavía en un incidente internacional, el tema de la invasión está en los escritorios de Washington y en la capital mexicana.

Ello luego que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidiera al Gobierno mexicano resolver el problema y proceder no sólo en este caso, sino en otros dos que se documentaron a lo largo de los 21 kilómetros de frontera donde el cerco actual será sustituido a partir del próximo 18 de junio.

Las familias señaladas, cuyos nombres están bajo reserva, se han negado a demoler sus obras de ampliación y también le negaron el acceso a Efe a la exclusiva sección de este fraccionamiento, de clase media alta y creado a fines de los años setenta.

A diferencia de lo ocurrido en 1993 cuando fue erigida la valla, esta vez no serán militares quienes retiren la estructura actual de tres metros de altura y la sustituyan con una barrera tubular de diez metros de altura y dos más bajo tierra, explicó a Efe el ingeniero Roberto Espinosa Mora, representante local de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Las obras estarán a cargo de civiles, empleados de una constructora de Texas, como parte de un proyecto de 147 millones de dólares aprobados durante la administración del hoy expresidente estadounidense Barack Obama.

Estos trabajos comenzarán prácticamente a la altura de la zona invadida por los particulares, quienes incluso están ocupando territorio de Estados Unidos.

Según explicó Espinosa, el cerco se ubica estrictamente en terreno estadounidense, por lo que la ampliación de las viviendas invade ese espacio entre la valla y los señalamientos fronterizos.

El pasado septiembre, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidió a través de la sección estadounidense de CILA hacer lo necesario para que sea despejado el terreno aledaño a la valla.

Según el decreto presidencial que desde 1943 regula el manejo de la zona aledaña al cerco, de cada lado debe quedar libre una franja de aproximadamente 20 metros de ancho, que debe funcionar como área de servicio, y en esta no podrá existir ningún tipo de estructura fija ni permanente.

Una fuente municipal reveló extraoficialmente que permitieron dichas obras a petición de los vecinos, quienes vieron en esa acción la posibilidad de cerrar el paso no solo a indocumentados sino a delincuentes, y evitar el robo domiciliario.

A menos de un kilómetro de estas viviendas, confirmó Espinosa, un particular decidió llevar a cabo obras para un desarrollo inmobiliario, poniendo en riesgo la estabilidad del terreno y uno de los hitos que dividen a los países.

Un tercer sitio identificado por las autoridades estadounidenses es un grupo de viviendas que también invadieron el límite fronterizo en la zona de Mesa de Otay.

Es en esa zona donde constructoras particulares levantaron hace unos meses ocho prototipos de muro fronterizo contratados por la administración del presidente Donald Trump, que recientemente visitó la zona.

Por la altura y peso de las estructuras, el contratista estadounidense deberá utilizar grandes grúas y todo tipo de equipo pesado para las maniobras de instalación de la nueva barrera fronteriza.

Según Meneses, en el pasado ambos Gobiernos han colaborado para facilitar que obreros estadounidenses trabajaran en el muro, pero en esta ocasión la administración mexicana de Enrique Peña Nieto se negó a ello, según informó a Efe un diplomático bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, ningún amparo salvará a los residentes de Terrazas de Mendoza de que la maquinaria estadounidense retire el viejo cerco fronterizo y, como mínimo, elimine la parte de la ampliación de las viviendas que invade suelo estadounidense.