El gobierno espió de manera ilegal a 40 mil 659 ciudadanos mexicanos de 2013 a 2015 al no contar con una orden judicial para intervenir sus comunicaciones. Y el gobierno reconoce que “puede haber abusos” sin que las mismas instituciones tengan el control de ello, lo que constituye una violación a los derechos humanos.

 

De acuerdo con el informe “El Estado de Vigilancia fuera de control“, existen grandes riesgos de que la vigilancia ejercida por las autoridades, instituciones y empresas, sea utilizada de manera ilegal, incluso arriesgando la propia seguridad de la ciudadanía.

El informe realizado por Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), con ayuda de Internews, Open Foundations y Privacy International, señala que, de un total de 41,107 solicitudes de acceso de datos de usuarios a empresas de Telecomunicaciones de 2013 a 2015, sólo 448 estuvieron justificadas por una orden judicial, es decir, sólo el 1.09% de dichas peticiones.