Durante el desarrollo de la sesión deliberativa del 8° Periodo Ordinario de la LX Legislatura del Estado de México, la diputada local del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Ingrid Schemelensky Castro propuso reformar el Código Penal del Estado de México con el objetivo de aumentar la pena de prisión hasta 20 años a quien cometa abuso sexual infantil siendo familiar, docente o educador del menor.

Al presentar la iniciativa, la legisladora mexiquense expresó que “lamentablemente, el abuso sexual es un delito que cada vez se da con mayor frecuencia y en donde nuestras niñas, niños y adolescentes aún están desprotegidos”.

Para robustecer la propuesta, Schemelensky Castro detalló que para la Organización Mundial de la Salud, cada cinco niñas y uno de cada trece niños, son víctima de abuso sexual.

Agregó que “en México, de los adolescentes que declararon haber sufrido abuso sexual, el 75% reconoció que fue por algún familiar, vecino o conocido, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019””.

Expresó también que “para el caso de la entidad mexiquense, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de abuso sexual ha tenido un incremento de un 600% en los últimos años, al pasar de 440 casos en 2015 a más de 2,800 en 2020, en donde las víctimas son principalmente niñas, niños y mujeres”.

Por tal motivo, la diputada Ingrid Schemelensky mencionó que “el objeto de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México, es aumentar el castigo por el delito de abuso sexual hasta por 20 años cuando sea cometido por persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda, educación o aproveche la confianza en él depositada”.

La propuesta plantea además de la pena de prisión, que el culpable pierda la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre la víctima.

Esta pena se aplicaría también cuando el delito sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen.

Ingrid Schemelensky puntualizó que la propuesta contempla el pago de la reparación de los daños y perjuicios de la víctima, para lo cual se tendrá en cuenta el grado de afectación y el tipo de terapia que se requiera para poner en el centro de la impartición de justicia, a las víctimas.

La también Vicecoordinadora del GPPAN mexiquense detalló que “actualmente 17 Códigos estatales contemplan supuestos que incrementan el castigo cuando el delito es cometido por alguna persona que tiene un vínculo familiar o de confianza con la víctima y la pérdida de la patria potestad o tutela sobre la víctima y la suspensión o inhabilitación del empleo o cargo, si de ello se valió para realizar la conducta punible”.

Por último, puntualizó que “se debe actualizar y armonizar nuestro marco jurídico para poner especial empeño en las medidas para proteger a los menores de edad, favorecer un entorno seguro y protector para fortalecer el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes mexiquenses”.