En un recorrido por los lugares donde se expende gas sin permiso, reporteros fueron intimidados por gente que cuidaba las puertas de una de las gaseras ilegales; autoridades locales dicen que nada pueden hacer para ponerles un alto porque están inmiscuidos los tres órdenes de gobierno, como tampoco hacen caso a sus denuncias en la Comisión Reguladora de Energía.
Al menos en una de las cuatro gaseras instaladas de forma ilegal en la delegación Xochimilco se pudo constatar la presencia de “halcones” que cuidan sus operaciones delincuenciales, mientras las autoridades de la delegación dicen que poco o nada pueden hacer porque en la problemática hay normas que pasan por los tres órdenes de gobierno, lo que deja a los vecinos y su seguridad en total estado de indefensión.
Desde noviembre pasado y hasta el día de hoy, vecinos de Xochimilco han protestado por la instalación ilegal de cuatro expendedoras de gas LP en diferentes predios: la gasera ilícita instalada en Prolongación Acueducto No. 419, colonia La Concha en el Pueblo de Santiago Tepelcatlalpan; la que funciona fuera de la ley en la carretera Xochimilco-Oaxtepec s/n, poco antes del límite territorial con Milpa Alta; la recientemente descubierta, sobre el arroyo vehicular de lo que llaman Camino Real, a la altura del número 26, Colonia 3 de Mayo en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, donde surte gas LP a los microbuses de la Ruta 81 y la ubicada en la segunda cerrada del Bosque de San Luis Tlaxialtemalco, entre las avenidas 5 de Mayo y el inicio de Año de Juárez y el final de Aquiles Serdán.
Fue precisamente en esta dirección donde al pretender grabar la operación ilegal, los “halcones” en sus motocicletas, apostados a la entrada del predio, salieron en persecución de los reporteros que acudieron a realizar su trabajo para informar a la población del peligro que corren más de 2 mil personas a su alrededor.
De acuerdo con Gustavo Cabrera, director Jurídico y de Gobierno de la Delegación Xochimilco, poco o nada pueden hacer porque están vinculados los tres órdenes de gobierno y ninguno realiza sus funciones.
Cabrera afirmó que “las instalaciones o mejor dicho la infraestructura de estas gaseras como se le denomina, a final de cuenta son pipas, podrán tener las características, pero no prestan el servicio en la forma correcta”.
Pero, “al momento que se cierra el terreno lo único que nosotros podemos hacer es la visita de inspección que ya se hizo, proceder así al segundo día como marca el reglamento de verificaciones, visitar nuevamente para exigir los documentos que acrediten que la actividad desarrollada es la correcta, pero al segundo día ya no están después de hacer la inspección”.
En el ámbito del Gobierno del Distrito, expresó el funcionario, hay dos instancias que debieran atender el problema. Por un lado la Secretaría de Movilidad que en 1994 aprobó la conversión de motor a gasolina a motor propulsado por gas LP, pero no tramitaron ni concibieron la estructura necesaria para el surtimiento del combustible.
Por el otro lado, la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, que tiene la facultad, de acuerdo siempre con los dichos de Gustavo Cabrera, “de clausurar el predio y generar el procedimiento de la extinción de dominio por prestar un servicio totalmente irregular y tendiente a la delincuencia organizada porque realmente no sabemos de dónde salió el gas.
“La fiscalía de delitos ambientales puede iniciar con el simple hecho del reportaje una denuncia de oficio, porque están las evidencias, está el número de vehículo y la marca de la empresa que presta el servicio de entrega de gas”.
La otra instancia es la federal, a través de “la Comisión Reguladora de Energía, la que debe asistir con sus inspectores a verificar que uno de sus concesionarios, a quien le otorgaron una patente, está prestando un servicio de manera irregular en el surtimiento de gas”.
Para sacudir
