La política migratoria y de asilo adoptadas recientemente por los Estados Unidos fueron severamente criticadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular la llamada “cero tolerancia”, donde se endurecen las medidas contra los migrantes que ingresan a esa nación sin documentos, por lo que son procesados y, si van acompañados de sus hijos, separados de ellos.

El organismo interamericano manifestó su preocupación por las medidas de la “cero tolerancia”, anunciada el pasado 7 de abril, que establece que todas las personas que crucen la frontera de manera irregular serán procesadas. “Debido a esta política, niños y niñas son separados de sus padres y madres y derivados a la Oficina de Reubicación de Refugiados, donde podrían ser entregados a un patrocinador adulto en Estados Unidos, una familia de acogida, o ubicados en un refugio”.

Bajo esta política, el gobierno estadunidense ha internado a cientos de migrantes en centros de reclusión, dejando solos a casi 2 mil menores que han sido separados de sus familias en sólo seis semanas.

En un posicionamiento sobre esta política, impulsada por el gobierno de Donald Trump, quien ayer declaró que su país “no será un campo de migrantes, no será un centro de acogida de refugiados. No bajo mi mando”, la CIDH enfatizó que los niños y niñas que viajan con sus padres tienen derecho a no ser separados de sus familiares, porque la detención nunca responde al interés superior de la niñez.

“La Comisión solicita a las autoridades de Estados Unidos que identifiquen a los niños migrantes que requieren protección internacional y no recurren a la privación de su libertad en ninguna circunstancia, incluso con el objetivo de garantizar la unidad familiar”.

Esta instancia internacional reiteró el principio de no devolución contenido en el derecho internacional de refugiados, que establece la prohibición de expulsar o devolver a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.

Asimismo, condenó el asesinato de Claudia Patricia Gómez González, una indígena maya-mam de Guatemala de 20 años de edad, quien perdió la vida debido a los tiros de la Patrulla Fronteriza.

“Según información públicamente disponible, el 23 de mayo de 2018, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo de personas que él creía eran inmigrantes indocumentados en Río Bravo, Texas, cerca de la frontera con México. Como resultado, Gómez González recibió un disparo en la cabeza y murió. Claudia viajó a Estados Unidos desde Guatemala en busca de mejores oportunidades para trabajar y estudiar. La CIDH insta a las autoridades de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación exhaustiva y proporcionar una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido”.
Además, subrayó, el gobierno estadounidense debe priorizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas.

La comisionada presidenta Margarette May Macaulay, también relatora de la CIDH para Estados Unidos, destacó: “La migración irregular no es un delito. Los Estados deben tener en cuenta el interés superior del niño. La familia es la unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos, y está legalmente reconocida y protegida”.

En tanto, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los Derechos de los Migrantes, aseveró: “Si bien los Estados tienen derecho a establecer sus políticas de inmigración; las políticas, leyes y prácticas implementadas en materia de migración deben respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, que son derechos y libertades que se derivan de la dignidad humana. Las políticas y prácticas de inmigración nunca pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias, o para poner en mayor riesgo las vidas de las personas que necesitan protección. Esto es simplemente inhumano e incomprensible”.