El ombudsman denunció desdén por parte de la Fiscalía de Oaxaca, además de que la PGR no ha entregado un segundo requerimiento
La Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado se reunió con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien informó a los legisladores sobre la labor efectuada por ese organismo sobre el caso.
En su exposición inicial, el ombudsman nacional explicó que la CNDH ha estado de manera permanente en el lugar de los hechos, recabando todo tipo de evidencia que permita identificar las violaciones a los derechos de la población; “es lo que le toca a la CNDH, no le toca investigar los delitos”, precisó.
Indicó que ha llevado a cabo 502 actas circunstanciadas que contienen quejas y testimonios de 10 testigos de los hechos en las inmediaciones del hospital comunitario, seis asesorías en materia laboral a maestros y a dos personas en materia penal y de seguridad social, 29 testimonios de lesionados por arma de fuego, cuatro por gas lacrimógeno y uno lesionado por fragmentos de un explosivo “de elaboración artesanal”.
Asimismo, incluye los testimonios de seis testigos en la carretera internacional, de familiares de lesionados de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan de León, 50 entrevistas a diversos comerciantes, a 39 taxistas de tres sitios diferentes, a 11 policías federales lesionados, así como una evaluación médica a una policía federal que fue retenida en las primeras horas de los hechos.
Informó que también inició la investigación en Hacienda Blanca, así como observación fotográfica y ocular en diferentes lugares donde se registraron disparos.
Refirió que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca anunció que se iniciaron 43 carpetas de investigación, de las cuales seis son por homicidios, 11 por lesiones, 23 por daños a vehículos e inmuebles, y tres por lesiones a servidores públicos.
El titular de la CNDH precisó que siete de las muertes ocurrieron en Nochixtlán y una en Hacienda Blanca; sin embargo, hay tres homicidios más relacionados con los hechos; uno de ellos, del locutor de una radiodifusora de Huajuapan de León.
Aclaró que al inicio se señaló que había seis personas desaparecidas, de las cuales cinco han sido ubicadas y aún se realiza la búsqueda de la última.
El ombudsman nacional mencionó que la CNDH ha emitido medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares, las cuales fueron aceptadas por las secretarías de Salud y de Gobierno de Oaxaca, así como por la Secretaría de Salud federal.
González Pérez hizo hincapié en que aún hay diversas interrogantes por dilucidar, como si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles, infiltrados en la población que habrían disparado contra los policías federales, cómo y quién diseñó los protocolos de actuación y si éstos cumplieron con los estándares.
Además, si hubo detenciones arbitrarias, si las víctimas eran de la población y no del magisterio, el tipo de armas utilizadas, el uso de la fuerza, en qué momento participó la Policía Estatal y si se negó el servicio médico a los heridos, entre otros aspectos.
González Pérez dio a conocer además que la Fiscalía General de Oaxaca se negó a entregar las carpetas de investigación relacionadas con los ocho homicidios ocurridos durante los hechos violentos.
Explicó que en un principio la respuesta de la corporación estatal fue que un representante vendría a la Ciudad de México a entregarla, pero cuando la CNDH requirió de nuevo la información, la fiscalía oaxaqueña respondió que ya se la habían entregado a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el titular de la CNDH, derivado de los hechos hay una persona en calidad de desaparecida, aunque originalmente se les planteó que eran seis en esa situación, “cinco han sido plenamente ubicadas”.
Abundó que continúan con la recopilación y el análisis de información sensible, entre las que están los registros videográficos de los hechos.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, preguntó si se respetaron los protocolos internacionales, como el trabajo de inteligencia por adelantado para realizar el operativo, el exhorto a las personas para que se retirasen antes del uso de la fuerza pública y la utilización de las diversas armas que se tienen documentadas.
En su turno, el senador Ismael Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró necesario identificar “quién mece la cuna para provocar enfrentamiento, violencia y rispidez entre sectores de la sociedad”.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apuntó que se debe investigar si fue un ataque de las autoridades a la población civil, pues no se respetaron los protocolos en la actuación de los cuerpos policiales.
