Hoy, durante la Sesión Deliberante de la LXI Legislatura del Estado de México, los Diputados Ingrid Schemelensky y Enrique Vargas presentaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, con el propósito de garantizar la certificación obligatoria, en materia de promoción y protección de los derechos de menores Mexiquenses, para todas las personas servidoras públicas que sean designadas como titulares de las Procuradurías Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante la presentación de la propuesta, Schemelensky Castro explicó que se calculan alrededor de 1000 millones de niños entre 2 y 17 años, en todo el mundo, que fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año.

“Durante la pandemia el incremento de violencia familiar fue un tema lamentable que aumentó desafortunadamente, destacando el maltrato de la niñez y adolescencia en sus diversas modalidades como una de las principales formas de violencia, tan solo en la primera semana después de que inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia; de acuerdo a la Secretaria de Salud se reportaron 1,547 casos de violencia familiar a nivel nacional, un crecimiento de casi el 60% de casos con respecto al promedio nacional de cada semana, posicionándose como la semana más violenta en este tema de todo el año 2020”, comentó.

Además agregó que, de acuerdo con datos de la Secretaria de Gobernación, en 2020 el 75.78% de las lesiones por violencia en contra de menores de 18 años ocurrieron en el hogar; el 81.6% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres; sumado a que, durante el primer semestre de 2021, los casos de lesiones por parentesco alcanzaron el 65.96%, las niñas y adolescentes mujeres son las más violentadas con un 92.81%”.

Así también reveló que en el Estado de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el año 2020 se cometieron 15,399 delitos de violencia familiar y en el año 2021 fueron 20,296; significando un incremento del 31.80%.
“De acuerdo con cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) de 2020, se registraron casi 3 mil denuncias por violencia infantil, así como 64 niñas y niños fueron rescatados e ingresados a alguno de los albergues de dicha institución”, subrayó.
La legisladora Atizapense indicó que, de manera muy atinada el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó, en la Legislatura pasada, un Punto de Acuerdo, que fue aprobado para exhortar a todas las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, para que, aun en tiempo de confinamiento, éstas abrieran sus operaciones, toda vez que llevan a cabo actividades esenciales, las cuales a muchas de las y los titulares no les quedaba claro la importancia de su labor.

“Si bien, la Legislatura del Estado de México ha creado una serie de leyes que fortalecen y dan cause a sus derechos para poder materializar diversas disposiciones legales, resulta imprescindible la capacitación profesional de las y los servidores públicos responsables de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por que el trato y el seguimiento de los asuntos que atañen a las y los menores es imprescindible. Por ello, proponemos que dicho curso sea impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y, la certificación correspondiente sea emitida en su oportunidad por el Instituto Hacendario del Estado de México”, agregó.

Por último refirió que los resultados de buenas acciones públicas, van de la mano con la capacitación y profesionalización del servicio público que, a su vez, su gestión enaltece a las instituciones, a sus servidores y servidoras públicas y logra eficientar la razón para las que fueron creadas y muestran, generalmente, alcances medibles, tangibles y transparentes para toda la sociedad. Manifestando que un derecho fundamental como lo es la protección a las niñas, niños y adolescentes debe ser vista como una especialización social, que tenga todos los elementos para la protección de la misma a cargo del ejercicio público, pues estamos depositandoles el rumbo y futuro de esta nación y, en particular, del Estado de México.

“La defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es un tema de voluntad, debe ser una obligación”, concluyó.