Dos secretarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, fueron inhabilitados por diez años para ocupar cargos en Nuevo León, anunció la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el estado.
Se trata de Federico Vargas, exsecretario de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, y de Luis Marroquín, exSecretario de Obras Públicas.
“Ellos no podrán ocupar cargos públicos en la entidad por diez años”, anunció la contralora, Nora Elia Cantú.
En el caso de Federico Vargas se inició un procedimiento derivado de las acciones de control y vigilancia sobre la rendición de cuentas en donde se encontraron posibles irregularidades en el otorgamiento de incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares.
Además de la inhabilitación, el exfuncionario tendrá que resarcir al estado 280 millones de pesos, en conjunto con exfuncionarios que ya fueron previamente sancionados por el caso.
Los exservidores públicos involucrados y ya inhabilitados son: Juana Aurora Cavazos, exsecretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico y Juan Manuel Fernández García y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quienes ocuparon la dirección General del Instituto de Vivienda del estado, en diferentes periodos.
“Que en su conjunto es cómo se va a hacer el resarcimiento o se les está solicitando el resarcimiento en conjunto”, detalló la contralora.
En la rueda de prensa, en donde se dio a conocer la información, también estuvo presente Aldo Fasci Zuazua, asesor legal del gobierno del estado.
Debido a que Federico Vargas tiene fuero al ser diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, la sanción aplica para que no ocupe cargos sólo a nivel local.
En el caso de Luis Marroquín se presume que cometió irregularidades en obras pluviales en el Interpuerto.
El estado de Nuevo León le solicitará resarcir un daño al erario de 21 millones 495 mil 050 pesos.
La obra que se señala con presuntas irregularidades es el Canal Pluvial en el arroyo San Miguel e Interpuerto, en Salinas Victoria.
Finalmente, Fasci Zuazua indicó que el estado de Nuevo León se reserva la posibilidad de ir por la vía penal para sancionar las probables irregularidades.
