Además de los señalamientos por el uso electoral y su elevadísimo costo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en el programa de adquisición y distribución de televisores digitales, que confirman el descuido e irresponsabilidad con la que se manejan cuantiosos recursos públicos en el Gobierno federal.

Como se recordará, este programa fue desarrollado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para concretar el apagón analógico de la televisión en el 2015, con base en un artículo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Dicha reforma se refiere a “equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno”.

La Ley no obligaba a la SCT a regalar televisores, pero a alguien en el Gobierno se le ocurrió la idea de hacerlo, pese a su impacto en el presupuesto público y en el medio ambiente. La decisión se tomó sin estudios ni análisis previos. Y si los hubo, no se han hecho públicos. Al menos en el rubro ambiental, un ciudadano preguntó a la Semarnat y al Instituto Nacional de Ecología, vía la ley de transparencia, si fueron consultados estos órganos sobre la decisión de regalar televisores y la respuesta fue negativa en ambos casos.

La ASF investigó el 2014, cuando arrancaba el programa, y tan sólo de ese año hizo 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración y otras observaciones. Si así fue en 2014, en el que se auditaron sólo 3 mil 470 millones de pesos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones ¿qué podría esperarse del 2015 que es cuando se obsequió la mayoría de los televisores y se ejercieron recursos por más de 20 mil millones de pesos?

De las irregularidades encontradas destaca, en primer lugar, el precio de cada uno de los televisores. La ASF refiere que en una primera adquisición de 120 mil televisores se pagaron, en números cerrados, 2 mil 457 pesos por cada uno. Posteriormente, en una licitación pública por la adquisición de 2 millones 785 mil 988 televisores, se pagaron 2 mil 486 pesos, es decir, 29 pesos más por cada equipo.

En apariencia parece poco dinero, pero si este incremento lo multiplicamos por la cantidad de receptores adquiridos, la diferencia es muy importante. La Auditoria informa que este último precio implicó un gasto mayor por 82 millones 326 mil pesos, además de un gasto adicional por servicios de maniobra, entrega y descarga, por 170 millones 600 mil pesos, de los que no se justificó el pago.

La ASF afirma que la SCT “no realizó la investigación de mercado para considerar los mejores precios”. De ahí el sobreprecio.

El año antepasado esta dependencia aseguró que el incremento fue por la devaluación del peso mexicano frente al dólar, lo que se reflejó en el precio de los componentes de las pantallas. Aun suponiendo que fuera así, la cantidad de equipos adquiridos pudo haber compensado las supuestas pérdidas de los proveedores. Pero ya lo dijo la Auditoría: no se hizo investigación de mercado. Además, hubo adjudicación directa de contratos en los que no se justificó la excepción de la licitación.

Otra deficiencia es que, al menos hasta el cierre de la auditoría, no había registros ni inventario de 398 mil 775 televisores, que tuvieron un costo de 985 millones 636 mil pesos. Estos equipos fueron aún más caros: 2 mil 472 pesos (números cerrados) por cada uno. ¿Dónde quedaron las teles? La SCT lo debe aclarar. ¿Lo aclarará?

Por si fuera poco, la Auditoría reveló lo que otros medios impresos, como Reforma y El Universal, dijeron en su momento: hubo casos en los que se entregaron dos televisores en un mismo domicilio, “lo que implicó limitar el beneficio a otras familias en iguales condiciones a las que integraron el padrón de beneficiarios definido por la Secretaría de Desarrollo Social”.

Asimismo se entregaron televisores en casas no consideradas originalmente. Por ejemplo, en Tamaulipas, se distribuyeron 120 mil televisores; “sin embargo, 89,000 televisores se entregaron en un domicilio distinto del originalmente pactado, sin que la SCT justificara los cambios de domicilio, ni celebrara los convenios modificatorios respectivos”, reporta la ASF.

Al referirse al impacto social, la ASF informó que hasta el cierre del 2014 no se había iniciado el acopio y confinamiento de los televisores analógicos desechados, los cuales por sus componentes podrían repercutir en la contaminación del medio ambiente, así como en la salud de las personas. Fue hasta junio de 2015, que la SCT y la Semarnat pusieron en marcha su programa de reciclaje.

Hay otras observaciones, pero el órgano fiscalizador refiere que deben recuperarse los casi 171 millones de pesos, que no se debieron pagar, y que la SCT debe aclarar el destino de los casi 986 millones de pesos de los televisores no inventariados.

De todo esto ¿habrá sanciones a funcionarios que incurrieron en algún daño patrimonial de los recursos públicos? Por los antecedentes, es muy probable que no.

Como informó Linaloe R. Flores, de Sin Embargo, de 1988 a 2013, la ASF ha presentado ante la autoridad 664 denuncias y sólo se han ejercido 12 acciones penales. “Miles de millones de pesos ha significado el esfuerzo fiscalizador de este órgano en más de una década de ejercicios y sólo el 0.18 por ciento de los actos corruptos denunciados ha recibido castigo”.

Como ciudadano, uno esperaría que la SCT responda estas observaciones, demuestre que la adquisición y entrega de los televisores se hizo sin violar la Ley y que prevaleció un uso racional y honesto de los recursos asignados. Tengo mis dudas, pero aún si lo hiciera, quedará el registro en la historia del dispendioso uso de recursos públicos en un programa que destacó por su uso electoral y la ausencia de una verdadera política pública.

Aquí le dejo este dato: hasta el tercer trimestre de 2015 se habían asignado 28 mil 300 millones de pesos en este equipamiento, dos mil millones más de lo estimado inicialmente. Este presupuesto no incluye, obvio, lo que se gastará en el programa de reciclamiento de los televisores analógicos.

Este dispendio es injustificable ante lo que estaba ya sucediendo con la economía nacional desde 2014 y los consecuentes recortes al presupuesto del gobierno federal, que afectaron otros programas mucho más importantes para la salud o la educación de los mexicanos.

Al título de esta colaboración puse las iniciales del nombre del presidente. Lo hice porque, como se ha documentado, hubo actos oficiales de entrega en los que se afirmó sin ningún pudor que Peña Nieto les regalaba los televisores y porque hay mucha gente que lo creyó y lo sigue creyendo.