Las luchas sociales en México y, desde luego, en el Estado de México, se han criminalizado; cientos de personas que pelean por los derechos humanos, por la igualdad, por la justicia o por el medio ambiente han sido detenidos y encarcelados por delitos que jamás cometieron y en algunos casos fueron torturados.
La fabricación de delitos es común en el país y el Estado de México no está exento de esta práctica; en las cárceles y penales hay cientos de presuntos culpables, quienes enfrentan penas muy largas por el simple hecho de defender una causa social.
En la entidad mexiquense hay tres ejemplos significativos:
lldefonso Zamora
Delito:
Defender junto con su familia los bosques de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan de Artega, zona que ha sido gravemente afectada por la tala clandestina.
Adversarios:
Los taladores clandestinos que operan bajo la protección de las autoridades.
Consecuencias de su lucha:
– En 2007 su hijo Aldo fue asesinado y su hermano Misael resultó herido.
– A mediados del 2015 militares secuestraron a Misael; sin embargo, la rápida respuesta de la comunidad posibilitó su liberación.
– El 20 de noviembre de 2015 fue detenido por policías ministeriales del Estado de México, quienes irrumpieron en su oficina tras ser acusado de un delito que nunca cometió y trasladarlo al Centro de Readaptación Social de Tenancingo.
Lo acusaron de:
Robo con violencia
Apoyo:
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Greenpeace México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), han levantado la voz para exigir a las autoridades la inmediata libertad de Ildefonso.
Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia; es decir, una persona que se encuentra encarcelada por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición. Amnistía Internacional sólo da esa categoría a personas que no han usado la violencia ni propugnado su uso.
¿Y las autoridades?
En 2007, tras la muerte de su hijo, Ildefonso y su comunidad recibieron un reconocimiento al mérito ecológico de manos del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien prometió justicia para Aldo, cosa que nunca ocurrió.
Las autoridades estatales guardan silencio ante lo que ocurre con Zamora.
José Humbertus Pérez Espinosa, el luchador por la vivienda digna
Delito:
Denunciar a constructoras por la mala calidad de los materiales que usan para la edificación de viviendas en la entidad mexiquense y actos de corrupción por parte de funcionarios públicos, tanto municipales como estatales.
Adversarios:
Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare y Promotora de Viviendas Integrales, entre otras, así como líderes de Comités Seccionales del PRI a quienes acusó del despojo de casas con uso de armas y violencia, protegidos por Vicente, hermano de Aarón Urbina Bedolla, alcalde de Tecámac y por el secretario de Seguridad Pública de dicha demarcación, Carlos Medina Olivares.
Consecuencias de su lucha:
– En noviembre de 2015 fue detenido en la ciudad de Toluca por policías ministeriales luego de concluir una conferencia de prensa en la que solicitó la renuncia del procurador, Alejandro Gómez, por el uso político de la dependencia, y denunciar complicidad de priístas con fraccionadores y constructoras.
Lo acusaron de:
Robos a casa-habitación con uso de arma de fuego
Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos Unidos por la Defensa de las Tierras
Delito:
Durante el 2001 y el 2005 protestó en contra de los decretos de expropiación de más de 5 mil hectáreas de la región de Texcoco para la construcción del aeropuerto alterno de la Ciudad de México.
Consecuencias de su lucha:
El 4 de mayo 2006, junto con Felipe Álvarez Hernández, fue consignado ante un juez por el secuestro de Rosendo Rebollar del 8 de febrero de dicho año, según la causa penal 91/2006.
A ambos les fue impedido hablar con sus abogados y fueron asistidos por defensores de oficio. Por ser considerado el delito de secuestro como grave, no alcanzaron el beneficio de la libertad bajo caución. Las autoridades estatales convinieron con la Federación en recluir a Del Valle en el Penal de Máxima Seguridad de La Palma, localizado en Almoloya de Juárez.
El 4 de mayo de 2007, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, junto con Héctor Galindo, fueron condenados por el Juez Primero de lo Penal con sede en Toluca, Alfredo Blas Hernández, a 67 años y 6 meses de prisión cada uno y deberán permanecer en el mencionado penal federal del Altiplano. En estas causas también se involucró a la hija de Ignacio, América.
El 22 de agosto de 2008, el Juez Primero Penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez, agregó otros 45 años de cárcel.
Esta segunda condena se aplicó a Del Valle ya propiamente por los hechos de Atenco, aunque en ese momento se hallaba en Texcoco.
Lo acusaron de:
Secuestro equiparado
Sale de prisión:
Finalmente, el 30 de junio de 2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de los doce integrantes del FPDT por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de premisas falsas y endebles, además de utilizar pruebas ilícitas para imputarles el delito de secuestro equiparado.
FUENTE : ALFA DIARIO
