La Fiscalía acusa a nueve mujeres de ser operadores de organizaciones del narcotráfico o de traficar con menores de edad
La Fiscalía mexicana busca a nueve mujeres por su participación en delitos contra la salud, delincuencia organizada, tráfico de menores y lavado de dinero. Sus nombres figuran en una lista de más de 200 criminales, junto a narcotraficantes como Ismael El mayo Zambada y Juan José Esparragoza, líderes del Cártel de Sinaloa. Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 15 millones de pesos (unos 800.000 dólares) a quien brinde información o alguna pista que ayude a capturarlas.
En agosto de 2011 hombres armados integrantes del grupo criminal de Los Zetas le prendieron fuego a un casino en la norteña ciudad de Monterrey porque su dueño se negó a pagar una extorsión. En el incendio murieron 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) señaló a 35 delincuentes como los responsables de planear y ejecutar el ataque al establecimiento. Entre los implicados había tres mujeres: una de nombre Mayra Elizabeth –sin apellidos– y las otras dos con los apodos de la Kitty y La Beba. La recompensa que se ofrece por ellas desde entonces es de hasta 800.000 dólares.
Kenia Rocío Priego Alarcón es buscada por haber participado en uno de los mayores escándalos de menores en México: Casitas del sur. A finales de 2008 se dio a conocer que una decena de niños habían desaparecido de un albergue en la Ciudad de México que estaba en manos de una organización religiosa. Los pequeños habían sido resguardados ahí por las autoridades de la defensa del menor quienes los habían apartado de sus familias por denuncias de maltrato, abusos y violencia. En toda la red, Priego Alarcón y su esposo Juan Carlos Tufiño Díaz, miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada, fueron acusados de tener escondido a uno de los niños extraviados del albergue.
La recompensa por ella es de 10 millones de pesos (poco más de medio millón de dólares). Los delitos que le imputa la PGR son delincuencia organizada y tráfico de menores. “Se le vincula con la desaparición de 14 menores de edad”, se lee en el acuerdo oficial. Las zonas de operación de la presunta delincuente son la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, el Estado de México y San Luis Potosí.
Otras dos mujeres buscadas por el delito de tráfico de menores son Patricia Murguía Ibarra y Lluvia Eunice Hernández Mata. La primera era directora del Centro de Adaptación e Integración Familiar, un albergue de Nuevo León, de donde desaparecieron tres niños en 2009. Varias organizaciones sociales acusaron que los menores podrían haber sido víctimas de trata de personas. Unos meses después de hacerse público el caso, ambas criminales se dieron a la fuga. Uno de los pequeños raptados fue encontrado en abril de 2012 y contó a las autoridades que Murguía Ibarra y Hernández Mata lo mantuvieron escondido junto a su hermana y a su prima en una casa en Saltillo, Coahuila. Desde entonces la Fiscalía ofrece recompensas para dar con el paradero de ambas delincuentes.
Desde el 2010, la Fiscalía catalogó como una de las delincuentes más buscadas a Erika Dynora Valenzuela Obeso. Ella está acusada de ser integrante de una organización criminal que se dedica al trasiego de drogas proveniente de Colombia y al tráfico de pseudoefedrina procedente de China. También ha sido señalada de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero a través de la compra de bienes inmuebles y autos. Su zona de operación son los Estados de Sinaloa y Jalisco, donde tiene fuerte presencia el Cártel de Sinaloa.
María Beatriz Rendón Corona forma parte de Los Granados, una organización internacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en México y Estados Unidos. Ella está acusada de lenocinio, trata y delincuencia organizada. En marzo de 2012 las autoridades detuvieron a dos de sus cómplices. Jaime y Raúl Granados reclutaban mujeres en la Ciudad de México y mediante engaños las trasladaban a Tlaxcala, donde las embarazaban para forzarlas a trabajar en la prostitución. Algunas eran llevadas a Estados Unidos. María Beatríz continúa prófuga.
Ana Claudia Morante Villanueva aparece en el portal de recompensas de la PGR acusada de delincuencia organizada y secuestro. Según las autoridades es “la encargada de las finanzas” de Los Zetas en la frontera sur del país y en la parte norte. La Contadora, como la apodan, ronda los 35 años de edad. Aunque es buscada desde 2010 y aún es anunciada una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a su captura, en octubre de 2011 la Secretaría de Marina anunció su detención en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, junto a otros diez presuntos criminales.
