La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) ordenó retirar a los escoltas que de manera gratuita daban servicio al menos a 10 funcionarios, diputados y empresarios, entre ellos Alejandro Martí, presidente de la organización civil México SOS.

Además, la procuradora Ernestina Godoy adelantó que la dependencia a su cargo investigará presuntos actos de corrupción en la Policía de Investigación (PDI), que hasta el pasado martes 4 estuvo a cargo de Raúl Peralta.

El pasado miércoles 12, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la pasada administración tenía asignados al menos mil 400 policías como escoltas de personas que, por ley, no deberían contar con dicho servicio gratuito, que representaba un gasto de 21 millones de pesos mensuales al gobierno local.

De acuerdo con Sheinbaum, esos elementos serán reintegrados a labores de protección a los ciudadanos.

La noche de ayer, Ernestina Godoy informó que, como parte de la política de austeridad, ordenó el retiro de escoltas a 10 personas, entre ellas Alejandro Martí, quien era cuidado por un comandante y cuatro policías de Investigación. Ello, luego de que en 2008 su hijo Fernando Martí fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México por la banda de Los Petricciolet, pese a haber pagado el rescate.

En ese entonces, el procurador Miguel Ángel Mancera dio la orden de asignarle cinco escoltas, debido a la peligrosidad de los delincuentes involucrados en el caso.

“En su momento tuvo una actuación destacada y peligrosa y se le dio protección, sin ninguna orden de nadie más que del exjefe de gobierno”, explicó Godoy.

La funcionaria añadió que habló con el empresario para explicarle la política del nuevo gobierno, y éste le respondió: “Yo estoy totalmente de acuerdo, además de que yo sigo en esta lucha, pero la gente de la cual yo temía está detenida. Voy a seguir con mis escoltas a mi costa”.

Investigarán a quienes investigan

La procuradora capitalina anunció que se implementará un programa de Visitaduría en agencias del Ministerio Público (MP), Servicios Periciales y la PDI, debido a la detección de actos de corrupción y rezago en la atención de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, además de que se indagará la venta de plazas.

Aclaró que no será “una cacería de brujas”, pero sí van a revisar y evaluar todas las áreas. “No vamos a solapar a nadie. Todos estamos bajo el escrutinio público, y si se determina alguna liga con grupos delictivos, vamos a actuar”, dijo.

Dichas investigaciones, abundó, incluirán al exdirector de la PDI, Raúl Peralta Alvarado, en cuya gestión fue denunciada la presunta protección de grupos criminales encabezados por Roberto Moyado, El Betito, o Felipe de Jesús Pérez, El Ojos.

Y justificó: “Si tenemos errores no será por corrupción o connivencia con la delincuencia”.

Sobre el rezago en las carpetas de investigación, la titular de la PGJ local dijo que tan solo en Iztapalapa se tienen dos mil casos.

Finalmente, Godoy aseguró que los esfuerzos de la Procuraduría se concentrarán en la atención de delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, feminicidio y extorsión, que representan 34% de los casos.