El Estado Mexicano cuenta ahora con instrumentos jurídicos para el combate eficaz del crimen organizado al armonizar normas que dan vida y forma al sistema de justicia penal acusatorio, afirmó el diputado federal Carlos Iriarte Mercado.
El mexiquense aseguró que después de largos tramos del trabajo de la colegisladora y los esfuerzos de los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se ha logrado un consenso que expresa la responsabilidad por realizar los trabajos a profundidad y avanzar en contenidos sólidos que den consistencia a este cuerpo normativo.
Con la armonización del Régimen Especial de Delincuencia Organizada con el texto constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocemos que las legislaciones no son estáticas, son textos que tienen que ser revisados en su implementación y que a partir de la evaluación que se haga sobre los procesos que enconen, se identifiquen oportunidades y necesidades de mejora, como ahora se ha hecho, subrayó.
Iriarte Mercado resaltó el interés por fortalecer el marco de seguridad y justicia en nuestro país, con la plena convicción y responsabilidad de contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano, particularmente con estas reformas, para investigar, perseguir y castigar al crimen organizado que lacera el Estado de derecho y por ende a nuestra sociedad.
“Hemos de reconocer las experiencias de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado en nuestro país, que han ayudado a identificar cuáles son los nuevos tipos de conductas ilícitas que debieran ser puntualmente reconocidas para evitar su impunidad”, puntualizó.
También se armoniza el concepto, dijo, del tráfico de indocumentados por el de tráfico de personas, para quedar según lo dispuesto en la ley migratoria.
Se contempla la máxima pena a los delitos de lavado de dinero, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos cuando estos sean cometidos por delincuencia organizada, apuntó.
El diputado del PRI aseguró que ahora se garantiza la protección de vida e integridad de agentes que participan en operaciones encubiertas al incluirse reglas generales para dotarlos de una nueva identidad, debiendo otorgarles la documentación correspondiente.
Es así, añadió que con estricto apego al debido proceso se incluyen técnicas de investigación adicionales a las ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son: la recabación de información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos que resulten necesarios para la generación de inteligencia.
La utilización de cuentas simuladas, sean bancarias, financieras o de naturaleza equivalente. La vigilancia electrónica y el seguimiento de personas y la colaboración de informantes como instrumento para la protección de aquellos policías y fiscales que intervienen en casos de delincuencia organizada.
También se incluye una descripción típica para sancionar a quienes divulguen o revelen a terceras personas información derivada de las prácticas de algunas de las técnicas de investigación aplicables en la materia.
En armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales se actualiza que el juez de control ahora decrete el arraigo para los delitos de delincuencia organizada.
En otro ámbito y en virtud de la seguridad de los operadores del sistema y en ocasiones de los propios imputados, comentó, se establece la existencia de centros especiales para la prisión preventiva, resguardo domiciliario y ejecución de sentencias por el delito de delincuencia organizada.
En resumen, dijo desde la tribuna máxima de la Nación al fijar la postura de su bancada, que este dictamen cumple la finalidad de armonizar la normatividad en materia de delincuencia organizada con la ley procesal emanada de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2008.
Brindar a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país los elementos jurídicos necesarios para lograr un México en paz, un México más seguro, un México en armonía, es el compromiso de su Grupo Parlamentario encabezado por César Camacho.
