Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos 12 meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” destaca, tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

“La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel”, resumió Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el periodo de estudio, con 51% de los interrogados, seguido por República Dominicana (46%), Perú (39%), Venezuela (38%) y Panamá (38%).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6%), Brasil (11%), Argentina (16%), Jamaica (21%) Chile (22%), Paraguay (23%) y Costa Rica (24 %).

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la “experiencia personal” de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.

De entre los encuestados, un 53% sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

Por instituciones, la policía y los representantes electos son percibidos como “todos o casi todos corruptos” por 47% de los encuestados.

El presidente de TI, José Ugaz, criticó que latinoamericanos y caribeños estén “siendo defraudados” por “sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”.