Si usted resulta lesionado en un accidente vial, podría endeudarse hasta con 100 veces sus ingresos sin que la deuda pueda ser pagada por ninguna institución pública o privada.

Cerca de 12 millones de personas se encuentran en riesgo de impunidad en caso de algún accidente registrado a bordo del transporte público concesionado, ya que la Secretaría de Movilidad (Semovi) entrega permisos a quienes presentan documentos expedidos por instituciones denominadas mutualidades, las cuales no están ni reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ni por la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reveló una investigación de la organización Impunidad Cero, todo esto durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Los especialistas evidenciaron que el gobierno capitalino no garantiza la protección a los usuarios del transporte, es decir al 60% de los capitalinos.

Las unidades, de acuerdo con la investigadora Mara Rivera, se encuentran “protegidas” con mutualidades que no cuentan con el respaldo financiero que de ser necesario cubriría una posible indemnización.

Además, de que el 90% de los microbuseros operan bajo esa modalidad y no por un seguro comercial.

Aproximadamente el 50% de las personas que requieren hospitalización tras un accidente vial llegan a endeudarse con un monto hasta 100 veces mayor a sus ingresos y en la mayor parte de los casos esta no puede ser adjudicada a ninguna institución pública o privada, ya que ni la Condusef ni la Profeco están facultadas para atender una queja respecto a incumplimiento de indemnización por parte de quienes trabajan bajo protección de mutualidad.

Federico Reyes Heroles, presidente del consejo, aseguró que el 60% de las personas que fallecen en accidentes viales son atribuibles al transporte público concesionado.

“Es un desprecio de la vida increíble (…) Detrás están los transportistas que parecen ser más poderosos que los Jefes de Gobierno. Tenemos que actuar, ya nos acostumbramos a vivir con este salvajismo institucional”, señaló.

Impunidad Cero, informó que uno de los requisitos  para los interesados en obtener un permiso para la operación de transporte público de pasajeros o carga, es contar con un seguro vigente para “indemnizar los daños y perjuicio, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio”,  sin embargo, de acuerdo con una solicitud de información pública, Semovi afirma que “la documentación presentada por los concesionarios se sujetará al principio de buena fe, mismo que estará sujeto en todo momento a la verificación de la autoridad”,.

Es decir, la autoridad está dejando todo a la buena fe de los choferes.

Con información de Sin Embargo.