Con la intención de resguardar los archivos públicos y garantizar a los ciudadanos mexiquenses el acceso a la información, así como sancionar con cárcel a quienes sustraigan y oculten documentos, el Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de México.

La diputada María Elizabeth Millán, presentó en el pleno de la 60 Legislatura el proyecto de decreto que fue enviado a comisiones para su análisis y dictaminación, y que armonizará con la Ley General de Archivos, publicada el 15 de junio que obliga a las entidades a legislar en la materia en un plazo de un año.

“Con la expedición de la Ley de Archivos del Estado de México que se propone, se daría cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Archivos, y se pone a la vanguardia a nuestra entidad en esta materia, mediante disposiciones especializadas que regulan y permiten resguardar el patrimonio documental, lo cual abonará a dar respuesta al derecho de petición y acceso a la información pública de la ciudadanía”, detalló Millán.
La ley prohíbe clasificar como información reservada aquella relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales y de delitos de lesa humanidad.

Los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Archivos serían cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial; órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y de fondos públicos en los que el ámbito local y municipal, así como cualquier persona física o moral incluyendo sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, y que realicen actos de autoridad.

De acuerdo con la legisladora morenista, los archivos históricos serán de acceso público, y podrán ser consultados sin restricción.

El proyecto establece que la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, podría recibir penas de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización.

Los Ayuntamientos, tendrán un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, para emitir sus respectivos reglamentos. Para el caso de municipios con menos de 70 mil habitantes el Consejo Estatal emitirá los lineamientos para el resguardo de los documentos.