La Secretaria de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó poco más de 15 millones de pesos a los gobiernos del Estado de México, Morelos y Puebla para que diseñaran un plan para prevenir el feminicidio en sus respectivos territorios.

Este 29 de julio la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación cuatro convenios de colaboración que firmó con los gobiernos de estas entidades para ejercer 12 por ciento de los 121 millones 313 mil 741 pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 para los estados con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) .

De acuerdo con el PEF, aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado, estos recursos son para que los estados con AVG implementen medidas que atiendan este tema. Las entidades y municipios que quieran acceder a estos subsidios deben solicitarlo y presentar un proyecto, el cual es evaluado por un comité que decide otorgarle o no los recursos.

Gobernación informó que en marzo se le notificó al gobierno del Estado de México la aprobación de 7 millones 800 mil pesos. La entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo cuenta con dos Alertas, una decretada en 2015 por violencia feminicida y otra decretada en 2019 por desaparición de mujeres y niñas.

Con estos recursos se crearán 11 unidades de atención multidisciplinaria de primer contacto, con el fin de prevenir el feminicidio, mediante la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio.

Estas unidades estarán en los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, de los cuales 7 tienen doble alerta.

En el caso de Morelos, que cuenta con la AVG desde 2015, se le autorizaron dos proyectos, uno elaborado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por un monto de un millón 700 mil pesos; y otro propuesto por la Secretaría de Gobierno de aquella entidad, por dos millones 390 mil pesos.

El primer proyecto para Morelos es para contratar personal para fortalecer la atención especializada de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, institución que debe canalizar y dar seguimiento a las situaciones de violencia donde las víctimas sean niñas, adolescentes y mujeres. Con estos recursos también se pretende fomentar actividades de prevención y atención de la violencia de género en el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana.

El segundo proyecto es para ejecutar un plan emergente de prevención de la violencia feminicida en el contexto de la pandemia por COVID-19, que contenga la creación de módulos itinerantes y uno virtual para la atención y orientación con servicios multidisciplinarios para mujeres víctimas de violencias y la integración de redes intersectoriales en los ocho municipios con AVG.

Al Gobierno de Puebla, por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, se le autorizaron 3 millones 438 mil 806 pesos para implementar medidas de prevención del feminicidio, como parte de la Alerta que tiene desde 2019 en 50 municipios.

Con este subsidio se contratará personal para fortalecer los servicios de atención que se proporciona por medio de las líneas telefónicas de emergencia, así como los procesos de procuración, administración e impartición de justicia en los Centros de Justicia para Mujeres, el Servicio Médico Forense, así como de asistencia jurídica de la Dirección General de Defensoría Pública, adscrita a la Secretaría de Gobernación local.

Cabe recordar que hace un año, en julio de 2020, se dio a conocer que Gobernación le quitó al Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco y Puebla todo el subsidio federal que les había asignado en marzo de ese año para la AVG.

Sin embargo, ahora los gobiernos del Estado de México, Morelos y Puebla, declararon, en los convenios de colaboración, que conjuntan esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres.

A pesar de este compromiso, la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero, señaló que los recursos que el comité evaluador de los proyectos asigna a las entidades federativas se encuentran sujetos a la disponibilidad de los mismos, por lo que Gobernación no es responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos.