El Departamento de Estado de Estados Unidos alerta en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que en México hay problemas significativos en la materia, de asesinatos arbitrarios perpetrados por policías a las restricciones a la libertad de prensa, así como la impunidad que prevalece en los delitos.

El informe, correspondiente a 2021 y difundido ayer, habla de “reportes creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales; desapariciones forzadas por parte de agentes gubernamentales; tortura y trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y que ponen en peligro la vida de los detenidos; arrestos o detenciones arbitrarias; restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; actos de corrupción; investigación y rendición de cuentas insuficientes en relación con la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia doméstica y de pareja; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad; y delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.

Denuncia que es un problema “la impunidad y los bajísimos índices de enjuiciamiento para todos los delitos”.

Señala que de acuerdo con informes, agentes del gobierno se han convertido en “cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena por estos abusos eran bajas”.

Asimismo, la mayoría de delitos cometidos por la delincuencia organizada, de las bandas locales a las trasnacionales, “quedaron sin investigar ni enjuiciar”. Incluyen homicidio, tortura, secuestro, extorsión, tráfico de personas, soborno, intimidación.

Menciona por ejemplo el arresto, en febrero de 2021, de 12 policías estatales en Camargo, Tamaulipas, por cargos de homicidio, con relación a la masacre de 16 migrantes guatemaltecos que viajaban hacia Estados Unidos.

Hasta agosto pasado, advirtió, los sospechosos permanecían detenidos, sin ser enjuiciados.

También habló del caso de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar, a quien oficiales mataron al romperle el cuello. La fiscalía de Quintana Roo determinó que los policías usaron la fuerza de una manera desproporcionada.

Sobre detenciones arbitraras, el informe incluyó el caso de José Eduardo Ravelo García, detenido por la policía municipal de Mérida, Yucatán, el 21 de julio, de quien un médico forense de la fiscalía confirmó había sufrido abusos sexuales y quien murió el 3 de agosto por sus lesiones.

Cuatro policías fueron detenidos por estos hechos, pero días después fueron liberados.

Sobre libertad de prensa, el departamento señala que si bien los medios de comunicación independientes fueron capaces de expresar “una gran variedad de opiniones sin restricciones, a menudo se autocensuraban por miedo a las represalias”.

También alerta de que políticos desacreditaron y criticaron públicamente a los periodistas que los cuestionaron.

“Esto limitó su capacidad para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían la delincuencia, la corrupción y la política local. Los altos niveles de impunidad, incluso en los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y a la reducción de la libertad de expresión”.

Recordó que activistas de derechos humanos denunciaron a gobiernos estatales y locales que censuraron a los medios.

Entre otros, mencionó el caso de la periodista Azucena Uresti, quien fue amenazada en un video por autoproclamados miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El informe habla de “numerosos reportes de corrupción por parte del gobierno”. Entre ellos, menciona el arresto, el 6 de junio, del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por lavado de dinero.

Respecto de los abusos contra la comunidad LGBTQI+, hubo reportes de que el gobierno “no siempre investigó y castigó” esos delitos.

En los primeros ocho meses de 2021 hubo 50 homicidios considerados crímenes de odio y cuatro desapariciones forzadas cometidos contra las personas LGBTQI+.