El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un exhorto a los alcaldes que busca inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de hidrocarburos, particularmente en el mercado de gas LP.

Con esto los diputados locales buscan seguir protegiendo al monopolio del gas representado por las empresas propiedad de la familia Zaragoza, que durante más de 30 años han conservado el 80% del mercado del gas en Baja California, esto ha generado que entidad tenga los precios más altos en el mercado nacional.

El Congreso pretende derogar y modificar disposiciones reglamentarias que tienen como objetivo la creación de una ventaja comercial a favor de las empresas de la familia Zaragoza, se trata de una operación en beneficio del mismo grupo económico que representan Baja Oil & Gas, Zeta Gas y Gas Silza.

Esto A través de un exhorto presentado por la diputada Montserrat Caballero Ramírez, también responsable de la denominada “Ley Bonilla 2” durante la sesión extraordinaria del 12 de junio.

Rivera Gas, Gas Natural del Noroeste, Baja Energy y Blue Propane; son algunas de las empresas que intentan entrar al mercado del gas en el Estado, sin embargo, por más de cuatro años dichas empresas se han enfrentado a las regulaciones locales y el terrorismo judicial, lo que resulta en los altos precios que deben pagar los bajacalifornianos por el costo del gas, el más caro de todo el país.

Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a través del oficio PLENO OPN-012-2016, ha advertido que la sobrerregulación de las normas municipales protege a las empresas que por años han operado bajo el amparo de las autoridades locales y limita opciones de abasto. La Cofece ha sido muy puntual al respecto, “este tipo de disposiciones conllevan implicaciones anticompetitivas”.

La Cofece ha hecho un llamado a las autoridades municipales para “eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio, eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio”.

Las empresas Baja Gas & Oil (antes conocida comercialmente como Zeta Gas) y por Gas Silza, ambas propiedad de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, quienes durante los últimos años han sido financiado las campañas de varios políticos.

También las empresas interesadas en ingresar al mercado del gas en Baja California, se han enfrentado a campañas mediáticas de desprestigio por parte de supuestas asociaciones civiles, que por un lado se manifiestan en contra de sus instalaciones argumentando que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, pero cuando se trata de instalaciones de Baja Oil & Gas y Gas Silza, no arremeten ninguna queja.