Cerca de 200 trabajadores del Ayuntamiento acudieron a la conferencia “Violencia política contra las mujeres: sinergias que cierran las brechas de género”, realizada por la Secretaría de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México.

Con la colaboración de los gobiernos municipales y estatales es posible frenar las agresiones en el ámbito político, a través de la participación de mujeres en la vida pública y la defensa de sus derechos, comentó Adriana González Furlong, titular de la dependencia municipal.

“Nuestra participación es sumamente importante, no se lograrán acuerdos y objetivos sin que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones. Invito a todas las mujeres a que nos unamos hombro con hombro para modificar este país y las actitudes de violencia de género que existen todavía.

“La violencia política contra las mujeres es un tema muy difícil y es real. Muchas veces pensamos que no estamos dentro, pero esa violencia va desde que las mujeres no son partícipes de los partidos políticos, hasta los insultos, amonestaciones o actitudes mucho más peligrosas”, dijo González Furlong.

La subdirectora regional de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Nororiente, Mary Perla Ríos Pérez, afirmó que se requiere garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y que también sea incluido el derecho político como garantía individual y con perspectiva de género.

“Una vida libre de violencia es un derecho humano y autónomo con el que cuentan las mujeres, esto como consecuencia del contexto de violencia estructural en su contra, el cual exige que se tomen medidas especiales con perspectiva de género y derechos humanos para salvaguardar el bienestar”, aseveró Ríos Pérez.

Presentada por Araceli Albores Camacho, investigadora y catedrática en temas de género, en la ponencia se instó a la audiencia a visibilizar a las mujeres en el plano político, a través de la defensa de sus derechos y la implementación de leyes que les permitan formar parte de la toma de decisiones en la vida pública.