Con la próxima Reforma del Estado se deben modificar las leyes de los organismos autónomos para establecer reglas que logren que la mitad de sus comisionados, consejeros, integrantes de Juntas de Gobierno, Consejos Consultivos o Comités Coordinadores sean mujeres.
Así lo explicó la consultora Teresa Hevia Rocha durante el primer foro sobre la Reforma del Estado y Electoral que se realizó en la Cámara de Diputados, donde propuso una serie de cambios legislativos para garantizar el cumplimiento de la reforma constitucional en materia de paridad de género.
La exasesora de Naciones Unidas en proyectos relacionados con Derechos Humanos de las mujeres destacó que el proceso parlamentario para hacer efectiva la paridad de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los organismos autónomos, fue un cambio que duró menos de un mes pero que implicó una lucha de más de 100 años.
Hevia Rocha recordó que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República el 14 de mayo; nueve días después, el día 23 la Cámara de Diputados la avaló y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucional el 5 de junio. Al día siguiente la reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta reforma, que será retomada en la Reforma del Estado, se estableció que en la integración de los organismos autónomos se observará el principio de paridad, aunque las y los legisladores aún no explican cómo se diseñarán las reformas a las leyes rectoras de cada organismo.
En México, a nivel federal, los organismos autónomos son el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
También se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y la Fiscalía General de la República.
La experta destacó que actualmente las leyes de creación de cada organismo establecen los procesos para la selección y designación de quienes serán comisionados, consejeros, integrantes de Juntas de Gobierno, Consejo Consultivo, Comité Coordinador o equivalentes.
Tomando en cuenta esta normatividad y que la mayoría de los organismos tiene una persona en la presidencia, Hevia Rocha propuso una serie de cambios para que las leyes secundarias garanticen la paridad, por ejemplo, establecer que la titularidad del organismo deberá alternarse entre una mujer y hombre en cada periodo electivo o de designación.
En el caso de cuerpos colegiados, explicó la experta en participación política de las mujeres, se debe garantizar que la mitad de sus integrantes sean de un sexo; y en casos de nombramientos por renuncia o que sean escalonados se deberá privilegiar el nombramiento de personas del sexo subrepresentado.
Por ejemplo, ahora que en el INE tres consejeros y una consejera terminen el periodo para el cual fueron electos, los cuatro espacios deberían ser ocupados por mujeres. Además, una vez lograda la paridad, las instituciones deben integrarse alternado mujeres y hombres en cada proceso electivo.
Hevia Rocha también dijo que los organismos públicos autónomos que sean reconocidos por las Constituciones de los estados deberán tomar medidas para cumplir con la obligación constitucional de integrarse por 50 por ciento de mujeres.
Otro tema que destacó fue la participación femenina en cargos municipales. Explicó que en el país la presencia de funcionarias en gobiernos locales ha sido entre 3 y 6 por ciento, pero tras la reforma constitucional de 2014 la cifra creció un poco. En 2015 el dato era de 9.1 por ciento y para 2018 subió a 27.1 por ciento.
A la fecha, mencionó, 30 entidades tienen paridad vertical en ayuntamiento (sindicaturas y regidurías) y 26 también tienen la paridad horizontal (presidencias municipales). En este aspecto son omisos los estados de Campeche, Durango, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.
Este tema, dijo, debe ser parte de una reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de un proceso de armonización legislativa con los estados para que las mujeres participen en gobiernos municipales e incidan en las decisiones del país.
