En medio del escándalo provocado por la destrucción del malecón Tajamar en Quintana Roo, uno de los principales señalados es el gobernador del estado Roberto Borge Angulo que junto con el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, son acusados por activistas ambientales y ciudadanos de ser los artífices de su destrucción para dar paso a un desarrollo inmobiliario.

Por si no fuera poco el señalamiento, el priísta podría estar involucrado en un caso de lavado de dinero, a raíz de las numerosas propiedades en municipios de Yucatán que, de forma sorprendente, el joven Manuel Alberto Guillermo Molina se adjudicó a título gratuito y cuya línea de relaciones llega hasta el propio Borge.

Documentos obtenidos por Letra Roja, a través del portal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) dan cuenta de más de 630 predios, que en total sería más de 154 hectáreas, obtenidas en los últimos años por el joven comerciante, como se le describe en los oficios.

En los múltiples archivos de la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán donde figura el nombre de Manuel Alberto Guillermo Molina, se describe que la documentación de los predios otorgada por el Registro Agrario Nacional (RAN), expedidos por el delegado federal José Luis Carlos Ramírez, comenzaron en febrero de 2015, el día 26 para ser precisos, cuando Guillermo Molina tenía 26 años. Sin embargo, también aparece que el acta de la asamblea fue fechada en mayo de 2013.

Esos mismos documentos, detallan específicamente que Guillermo Molina recibió la adjudicación a título gratuito para adquirir la propiedad plenamente, a pesar de que como propietario anterior aparecen los Estados Unidos Mexicanos, representados por el ciudadano Enrique Peña Nieto. Es decir, terrenos que eran propiedad del gobierno federal terminaron en manos privadas.

La posesión de los terrenos no es cosa menor, pues se trata de más de 1, 544, 869 metros cuadrados (m2), es decir, más de 154 hectáreas, la gran mayoría ubicados en la localidad de Ulila, municipio de Ucú, así como en la localidad de Komchen, municipio de Mérida. Para dimensionar la magnitud de las tierras, basta decir que Ucú cuenta con una superficie de 192.89 kilómetros cuadrados (k2).

Antes de las adjudicaciones, Manuel Alberto protagonizó en enero de 2013 un acuerdo de compra-venta con la particular Adriana Evangelina Camara Bolio (sic), representada por Karlo Sergio Erosa Monsreal (sic). Específicamente son los predios ubicados en la localidad Tixcuytun, con folio electrónico 1057776, 1091135, 1091136, 1091137, 1091138, con un valor catastral de 316 mil 260 pesos cada uno, sin duda una compra llamativa para un muchacho de su edad.

Asimismo, los oficios dan cuenta de otras operaciones, como la división del “tablaje catastral” ubicado en Komchen con número 29550 y folio 966655, en veintiuna propiedades, la cuales comparte con Pedro Enrique Góngora Urcelay de entonces 25 años.