La norma 046 establece que las victimas de agresión sexual que llegasen a quedar embarazadas, tienen el derecho de interrumpir el embarazo aún sin levantar denuncia, sin embargo en latinoamericana a las niñas víctimas de violación se les obliga a ser madres, por lo que es necesario cambiar esos roles y obligar a las autoridades y a la sociedad a acatar dicha norma.
Los anteriores se estableció en la conferencia “Niñas, No Madres”, en donde Regina Tamés, Presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en México, de enero del 2009 a Junio del 2016, 28 mil 252 niñas menores de 15 años, han denunciado haber sido víctimas de violación sexual, y solo a 8.5 es decir dos mil 419, se les ofreció anticoncepción de emergencia, quedando un 88 por ciento de niñas con riesgo de embarazo.
Pese a ello, el problema se forma más grave, ya que de acuerdo con información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se denuncia menos del diez por ciento de las agresión a sexuales que se conocen.
“El embarazo y la maternidad forzada, ponen en riesgo la vida de las niñas, ya que enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida, afirmó Juliana Cano de la Oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, coincidiendo con las organizaciones Clacai, GIRE, y Planned Parenthood Global, quienes en el marco internacional de día de la No Violencia contra la Mujer, lanzaron la campaña Niñas, No Madres, que se puede consultar en la página web http://niñas nómadas.org.
Juliana Cani, junto con la Peruana Julissa Mantilla, señalaron que en América Latina, 40 por ciento de las adolescentes, ha sido abusada sexualmente, vulnerando los derechos humanos de las niñas víctimas de violación, ya que son obligadas a continuar sus embarazos resaltado del abuso.
Regina Tamés, señaló que en México las instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadora del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud, son quienes más se han negado a aplicar la norma 046, vigente desde el mes de marzo de este año; ya que de acuerdo al informe de Violencia sin Interrupción, dieron como respuesta que en sus hospitales no se realiza ningún aborto.
Ante la negativa para cumplir con la norma 046, para realizar la interrupción del embarazo a víctimas de violencia sexual sin que se interpongan denuncias, la organización GIRE, lleva 19 juicios administrativos y ha solicitado la misma cantidad de amparos que los jueces han “sobreseido”, sin dar una respuesta favorable a las victimado.
Señaló que tanto las autoridades ejecutivas como judiciales además de caer en una omisión, están estigmatizando el aborto y discriminado a las mujer víctimas de la violencia que deciden la interrupción del embarazo no deseado, porque no se ha dado una respuesta favorable a ninguna lo los casos.
Se informó que en Guatemala cinco niñas menor s de 14 años r sultán embarazadas cada día, en Perú cuatro niñas se convierten en madres al día, en cuadro solo en 2014 mi, 963 niñas tuvieron un parto, en Nicaragua ocho de cada 10 mujeres víctimas de la violencia sexual son niñas menores de 13 años, lo que es indicativo del grave problema de salud pública en América Latina.
Afirmaron que: “forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencia graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida, hay un parteaguas en al estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija, haciendo probable que sí se encontraba en una situación de pobreza, permanezca en ella hasta la siguiente generación.
Hicieron un llamado a las autoridades para evitar que más niñas y adolescentes sean madres, a las familias para tomar los cuidados y evitar que las pequeñas sean víctimas de violencia sexual, orientándolas para prepararse iniciando su vida sexual a una edad adecuada y con las precauciones necesarias para evitar embarazos no deseados.
