Casi el 90 por ciento de los delitos que se comete en México no se denuncian, y la población más vulnerable es quien menos se acerca a los ministerios públicos a dar parte a las autoridades cuando es víctima de un delito, de acuerdo a Nadia Ramírez, presidenta de la asociación civil Raíces de Identidad Cultural.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2015, estima que en 2014 se denunció sólo el 10.7 por ciento de los delitos, de los cuales 67.5 por ciento llegó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público.
En el 53.8 por ciento de los casos de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Este porcentaje implica un incremento con respecto a la estimación de 49.9 por ciento en 2013.
La ENVIPE 2015 indica que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son: considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
Nadia Ramírez consideró que sobre todo los grupos vulnerables optan por la resignación, y se quedan sin hacer nada cuando sufren actos ilícitos, principalmente violencia, pues saben de antemano que su denuncia no prosperará, consideró.
“En los grupos vulnerables hay más resignación que exigencia de actuación, porque existe mucho temor, se ha generado bastante la ideas de quedarse sin hacer nada y se arriesgan menos”, dijo.
A su parecer, esto se debe a la omisión y negligencia que caracteriza a los ministerios públicos, cuando se requiere que atiendan casos de maltrato.
“Omisiones por parte de la atención de muchas autoridades en este tipo de acontecimientos, en el caso de los grupos vulnerables es muy común, y es muy común el miedo que existe de la ciudadanía, específicamente de los grupos vulnerables”, agregó.
Es un tema delicado, debe haber mucho control respecto a la fluidez de la información pero como organizaciones de la sociedad civil puede haber casos mucho más específicos”.
Afirmó que este tipo de desatenciones ocasionan que las procuradurías de justicia ejerzan violencia institucional en perjuicio de quienes menos tienen.(S)
