En lo que se advierte como un fuerte revés al gobierno de Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) deberá informar a la organización Red de Derechos Digitales (R3D) cuántas personas y dispositivos electrónicos espió en el año 2014.
De acuerdo con información del portal Aristegui Noticias, la resolución aprobada con mayoría de 10 votos en el Pleno de la Corte marca un precedente contra la negativa del Cisen a revelar el número de comunicaciones privadas intervenidas durante el año 2014, argumentando que las cifras sobre el espionaje gubernamental son cuestión de seguridad nacional y que éstas no deberían divulgarse. La SCJN consideró que dicha información no vulnera la seguridad del Estado mexicano.
Se expone en la información que el fallo de los ministros representa un revés para el presidente Enrique Peña Nieto, debido a que su consejero jurídico, Humberto Castillejos, interpuso un recurso de revisión para defender la postura del Cisen frente a una determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) que lo obligaba a entregar las cifras de intervenciones de comunicaciones privadas a la organización R3D.
El ministro José Ramón Cossío fue quien presentó el proyecto para este caso y explicó que las cifras solicitadas por la Red de Derechos Digitales no pueden considerarse información reservada por cuestiones de seguridad nacional.
Agregó que si bien hay información estadística que podría revelar los métodos en que actúa el Cisen para proteger al Estado Mexicano, en este caso concreto no se produce ninguna afectación a la operación de ese organismo, conclusión a la que arribó luego de analizar los artículos 37, 42, 47, 48 y 51 de la Ley de Seguridad Nacional.
La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fue la única integrante de la Corte que se pronunció por negar el acceso a cualquier información estadística del Cisen, por lo que votó en contra del fallo.
De acuerdo con datos obtenidos por la Red de Derechos Digitales, 99% de las solicitudes de acceso a datos de usuarios de telecomunicaciones se hacen sin autorización judicial y en 90% de las averiguaciones previas que han recurrido a la intervención de comunicaciones privadas, concluyen sin que ejerza acción penal en contra de las personas.
