El pasado 18 de febrero padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala le pidieron ampliar la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la procuradora Arely Gómez; es decir, contratarlos por un tercer periodo después del 30 de abril, cuando termina su convenio.
Esta ampliación de seis meses implicaría el pago de otro millón de dólares a expertos, con lo que sumarían tres millones de dólares que el Gobierno de México ha erogado al organismo internacional.
Bernabé, padre del estudiante Adán, señaló que los peritos argentinos les aseguraron que los jóvenes no fueron incinerados en el Basurero de Cocula.
Según información de La Razón, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, manifestó que los expertos deben permanecer en el país hasta que se termine el proceso, aunque el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, comentara que sólo eran seis meses.
Resaltó que el proceso de investigación no puede quedar a medias a más de un año seis meses, y que sigamos en la misma situación sin saber qué pasó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendría que ver que se ampliara el proceso, indicó Felipe de la Cruz.
El pasado domingo los investigadores del GIEI informaron que avanzarán hasta donde puedan, porque el tiempo es poco. “Nosotros somos un grupo pequeño, en total 10 personas y jurídicamente somos coadyuvantes del Estado, así que la responsabilidad de los hechos, en cada una de sus aristas es el Estado, nosotros contribuimos a eso, pero la responsabilidad final es del Estado mexicano”, refirió Alejandro Valencia, integrante del GIEI.
