Han pasado ya 10 años de que mujeres de este municipio sufrieron abuso sexual y represión por parte de policías y aún el gobierno no les ha hecho justicia y condenado a los culpables por lo que integrantes del FPDT ( Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra), han pedido apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH).
Integrantes de este Frente expresaron que quieren justicia para estas mujeres, quienes padecieron un abuso el 2 y 3 de mayo del 2006 y las autoridades nunca resolvieron la situación por algo que estos están reclamando justicia para ellas.
Dijeron que en ese entonces ” la represión hacia el pueblo fue brutal” y hasta la fecha el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa haciendo lo mismo; además de que acusan a Eduardo Medina Mora y a Wilfrido Robledo de ser cómplices de esta injusticia.
Comentaron que el caminar de las mujeres víctimas de violencia sexual no ha sido fácil y han tenido el valor para seguir dando la cara para enfrentar y seguir denunciando que es una vil injusticia la que se ha vivido.
Una de las acusantes, Trinidad Ramìrez, dijo han resistido por 15 años y han sido reprimidos por 10 años, “Este caso es retomado por la Corte Interamericana y es gracias al valor de nuestras compañeras que lo han enfrentado así y no han aceptado ni disculpas, ni aceptado la reparación del daño a través del dinero porque le dinero no les va regresar ese proyecto de vida que tenìan hace 10 años.
El FPDT está consciente de que aún están en riesgo de que se vuelva a cometer una represión contra ellos por su oposición a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mèxico (NAICM).
Y acusan al propio presidente municipal de Atenco, Andrès Ruiz y los comisariados ejidales de estar en contubernio, por lo que está latente el riesgo de que se viva una nueva represión y de que están tratando de comprar la voluntad del pueblo, pues “Queremos el desarrollo sì, pero no queremos que sea a través del despojo de la tierra”. Pero ya no quieren el acoso del gobierno , ni la complicidad de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Semarnat.
