El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la participación de Faustino Lucio Albino y Hugo Romero Sánchez, en el delito de homicidio calificado, ilícito por el que un Juez del Distrito Judicial de Tenancingo les dictó sentencias que van de los 47 años a 62 años de prisión.
En un primer caso, el Juez dictó una condena de 62 años y seis meses de prisión para Lucio Albino, quien fue encontrado culpable del delito de homicidio, hechos ocurridos el 2 de agosto del año 2016, en el paraje La Gavita, en el municipio de Ocuilan de Arteaga.
La investigación realizada por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México permitió establecer que la víctima viajaba con su familia en un vehículo compacto con dirección al centro de Ocuilan, cuando fue interceptado por el ahora sentenciado, quien lo privó de la vida con disparos de arma de fuego.
La detención de ese sujeto ocurrió en el mes de mayo de 2017. El asegurado quedó a disposición de la Autoridad Judicial, que previo proceso legal, le dictó la sentencia condenatoria, además de fijarle una multa de 286 mil 662 pesos y como reparación del daño 174 mil 582 pesos.
De igual forma, un Juez dictó una condena de 47 y seis meses de prisión en contra de Hugo Romero Sánchez, quien ocasionó la muerte de un hombre, vecino de la comunidad de San Sebastián Malinalco.
Los hechos se registraron el 25 de julio del año 2017, frente a un campo de futbol, sitio a donde llegó el ahora sentenciado con una escopeta, con la que privó de la vida a la víctima.
Derivado de estos hechos fue detenido el ahora condenado, quien fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, autoridad que inició la carpeta de investigación respectiva por estos hechos, y luego lo remitió ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, autoridad que previo proceso legal, le dictó esta sentencia.
La Autoridad Judicial también notificó que deberá pagar una multa de 142 mil 72 pesos y 175 mil 287 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
