Es más fácil ser dogmático que negociador, ser intolerante

que tolerante, es más fácil dividir que juntar

Jesús Reyes Heroles*

La agenda legislativa que impulsó el presidente de la República para los primeros días de su gobierno, no avanzó. Fracasaron las negociaciones para construir los consensos y lograr la mayoría calificada para aprobar cinco reformas constitucionales que son parte de los cambios de la llamada Cuarta Transformación.

Se trata de cinco propuestas de campaña que requieren reformas constitucionales para ser instrumentadas. La ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa -robo de combustibles y delitos electorales y de corrupción- y la creación de la Guardia Nacional, que solo fueron aprobadas en una de las cámaras del Congreso; los diputados no pudieron concluir el proceso legislativo para la eliminación del fuero, porque no se alcanzó la mayoría calificada en la votación en lo particular; las reformas para la revocación del mandato del presidente y para la realización de las consultas populares en los términos planteados por él, no se discutieron en la Cámara de Diputados por la falta de consensos y la previsible insuficiencia de votos para su aprobación.

Adelantándose a las reformas constitucionales, el presidente presentó a principios de enero la convocatoria para el reclutamiento de jóvenes para integrar la Guardia Nacional y desde noviembre del año pasado anunció la realización de una consulta popular para el próximo 21 de marzo, organizada por el INE con base en la constitución.

Ambos temas continúan sin base constitucional.

Estas reformas, que son parte de las prioridades legislativas del presidente, no fueron aprobadas porque la estrategia de negociación con las oposiciones no fue eficaz. Este primer tropiezo en el proceso de cambio del régimen se explica fundamentalmente por tres razones.

La primera es la falta de definición de los contenidos y alcances de la Cuarta Transformación y la implementación de una estrategia de negociación poco efectiva para lograr los cambios a la constitución, en la que se buscan los consensos tema por tema, es decir, reforma por reforma, y no mediante el establecimiento de un amplio consenso constitucional.

Esto quedó de manifiesto con las cinco malogradas reformas.

La segunda es la resistencia de la mayoría parlamentaria a atender efectivamente -no solo escuchar- las observaciones, objeciones y propuestas de la sociedad, así como la incapacidad de sus negociadores para entender que para asegurar los apoyos necesarios para aprobar las reformas, reduciendo el riesgo de sufrir descalabros a la hora de las votaciones, se requiere construir acuerdos sólidos con las oposiciones.

Dos ejemplos de esta resistencia son: la inflexibilidad mostrada en el caso de la regresiva reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, cuestionada por la ONU, la CIDH, la CNDH, académicos, ministros de la SCJN e, implícitamente, por integrantes de la terna del presidente para ocupar la Fiscalía General de la República, no solo porque es contraria a la presunción de inocencia y ajena a la lógica del sistema penal acusatorio, sino porque contraviene compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos; así como la persistencia de elementos contrarios a los consensos sobre el carácter civil de las fuerzas de seguridad y a instrumentos internacionales de derechos humanos, en la reforma que busca constitucionalizar la militarización de la seguridad pública.

La tercera razón es la falta de compromiso de las oposiciones con el cambio del régimen. Sea por cálculo político, o porque no existen incentivos para colaborar con el gobierno en la llamada Cuarta Transformación en virtud de que las coordenadas del cambio no son precisas, las oposiciones parecen poco interesadas en construir un consenso constitucional para procesar el cambio.

Tampoco ayudan las actitudes poco tolerantes del presidente de la República frente a las oposiciones y su reincidencia en descalificar a sus críticos, en lugar de propiciar el debate de sus propuestas. Con frecuencia el presidente olvida que, como él lo ha dicho en reiteradas ocasiones -la más reciente en Guerrero el 11 de enero pasado-, ya acabó la campaña.

Ahora se trata de construir acuerdos para lograr el cambio, sin que esto signifique renunciar a su programa de gobierno ni abdicar de su derecho a defender sus propuestas.

El proceso de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional podría verse afectado por el desacuerdo del presidente de la República con la Minuta de la Cámara de Diputados.

La construcción de los consensos para aprobar la reforma en San Lázaro pasó por la eliminación de algunos de los textos del dictamen que más preocupaban por ser riesgosos para la garantía y protección de los derechos humanos, incluido el artículo transitorio por el que el presidente rechazó el dictamen aprobado por los diputados.

La posición del presidente podría romper los acuerdos parlamentarios que permitieron la aprobación.

Debatir con las oposiciones y con quienes se oponen a las reformas, incluidos quienes sostienen las posiciones más reaccionarias, en lugar de descalificarlos, traería mayores dividendos en la construcción de los consensos constitucionales necesarios para el cambio político.

Pero la ineficaz negociación de la mayoría parlamentaria del presidente no solo afectó el proceso de reformas constitucionales; también en la aprobación de las primeras leyes de su gobierno, en las que la mayoría parlamentaria no requería el voto de las oposiciones, los resultados no fueron del todo satisfactorios. La ley de la Fiscalía General de la República se aprobó con muchos cuestionamientos y las leyes de remuneraciones de los servidores públicos y de la administración pública federal fueron aprobadas sin el consenso de las oposiciones y fueron impugnadas ante la Suprema Corte.

El presidente de la República podría sufrir un revés cuando el tribunal constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad.

*Abogado, político e historiador. Fue presidente del PRI y secretario de gobernación y de educación.

Por Rogelio Muñiz Toledo*/ (Con información de aristeguinoticias)